La advertencia del arquitecto Edgar Tapia sobre la ocupación de la quebrada San Antonio, en Nuevo Chimbote, no puede pasar desapercibida. Estamos frente a un asunto demasiado serio como para reducirlo a una denuncia más en redes sociales. En esa zona no solamente se han levantado algunas viviendas precarias: se habla de la consolidación de hasta tres pueblos en un espacio que, por su propia naturaleza, constituye un cauce destinado a conducir aguas durante episodios de lluvias intensas.
La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿quién permitió que esto ocurriera?
Porque las invasiones no aparecen de la noche a la mañana. Primero llegan unas cuantas familias, después aparecen lotizaciones, calles, conexiones de servicios, viviendas de material noble y, finalmente, poblaciones enteras que reclaman reconocimiento y derechos adquiridos. Y cuando llega la emergencia, todos parecen descubrir que estaban ocupando una zona peligrosa.
Ya ocurrió en el 2017. El Niño Costero dejó dolor, destrucción y enormes pérdidas. Las quebradas demostraron que no respetan títulos, cercos ni viviendas consolidadas. La naturaleza simplemente recupera su cauce.
Lo preocupante es que, pese a esa experiencia, aparentemente no hemos aprendido la lección.
Y aquí aparece otra pregunta incómoda. Edgar Tapia conoce el problema desde una posición privilegiada. No solamente es arquitecto y especialista en asuntos urbanos; también tuvo responsabilidades como gerente municipal de la Municipalidad Provincial del Santa. Por ello, su actual advertencia tiene autoridad, pero también abre un legítimo cuestionamiento: ¿por qué demoró tanto en hacer pública esta preocupación?
Si el problema era conocido, ¿por qué no se denunció oportunamente cuando las primeras ocupaciones comenzaban a consolidarse? ¿Qué hicieron las autoridades municipales y regionales durante todos estos años? ¿Hubo fiscalización? ¿Se emitieron informes técnicos? ¿Se notificó a los ocupantes? ¿Se adoptaron medidas para impedir nuevas invasiones?
Estas preguntas no buscan descalificar la denuncia de Tapia. Por el contrario, buscan que su advertencia sea tomada con la seriedad que merece. Pero una alerta tardía no debe convertirse en una forma de trasladar responsabilidades únicamente a las autoridades actuales. El problema tiene una historia y alguien debe explicar cómo se llegó hasta aquí.
Lo que corresponde ahora es actuar. Las municipalidades y el Gobierno Regional deben determinar técnicamente la situación de la quebrada, establecer las áreas de alto riesgo, impedir nuevas ocupaciones y definir qué ocurrirá con las familias que ya están asentadas.
No se puede esperar otra tragedia para comenzar a buscar responsables.
La quebrada San Antonio no necesita discursos cuando llegue la lluvia. Necesita prevención ahora.
Y si realmente existen tres pueblos consolidados sobre o cerca de su cauce, la pregunta que debemos hacernos como sociedad es todavía más grave: ¿cuántas vidas estamos poniendo en riesgo por haber permitido que el crecimiento urbano avance donde nunca debió permitirse?
La prevención no consiste en lamentar mañana lo que las autoridades pudieron evitar ayer.