Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo (*)
El Perú debería atreverse a formular una pregunta incómoda: ¿cómo puede el Estado derrotar al crimen organizado cuando las organizaciones criminales consiguen penetrar los espacios desde los cuales deberían ser perseguidas? La pregunta no pretende afirmar que el Estado sea una organización criminal ni desacreditar a miles de servidores públicos honestos. Plantea algo más serio: qué sucede cuando redes ilícitas logran comprar información, protección, omisiones o decisiones dentro de las instituciones.
La diferencia entre un Estado débil y un Estado infiltrado es decisiva. Un Estado débil puede carecer de policías, fiscales, tecnología, inteligencia o presupuesto. Es grave, pero puede fortalecerse. Un Estado infiltrado enfrenta una amenaza distinta: algunos de sus propios recursos pueden terminar favoreciendo, directa o indirectamente, a quienes debería combatir. Las recientes declaraciones públicas sobre infiltración de organizaciones criminales y redes de corrupción en la Policía Nacional obligan a investigar con rigor, individualizar responsabilidades y proteger, al mismo tiempo, a los buenos policías que enfrentan diariamente al delito.
Una organización criminal moderna no necesita capturar todo el aparato estatal. Le basta con encontrar puntos vulnerables: un funcionario que filtra información, una autoridad que omite fiscalizar, un servidor que facilita un trámite, un contacto que advierte sobre un operativo o una decisión comprada. Cada puerta que se abre desde dentro puede ahorrar al crimen lo que antes necesitaba conseguir mediante violencia.
Por eso, corrupción y crimen organizado ya no pueden analizarse como fenómenos completamente separados. Para una red criminal, un funcionario corrupto puede resultar tan estratégico como un arma. La corrupción puede convertirse en infraestructura criminal: permite acceder a información, proteger economías ilegales, lavar recursos, neutralizar controles y garantizar impunidad.
La extorsión muestra hasta dónde puede avanzar esta lógica. El primer reporte estadístico interinstitucional sobre extorsión informó que la tasa de denuncias pasó de 11.5 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 77.8 en 2025. No estamos ante una sucesión de episodios aislados. Estamos ante un fenómeno que ha ampliado su presencia territorial y que obliga a revisar la capacidad real del Estado para proteger a ciudadanos y actividades económicas.
Cuando un transportista paga impuestos al Estado y, además, un cupo al delincuente; cuando un comerciante tiene licencia municipal pero necesita sobrevivir a la amenaza de una banda para trabajar; cuando un empresario cumple la ley, pero una organización criminal pretende decidir cuánto debe pagar para conservar la vida, ocurre algo que trasciende el delito patrimonial: el crimen comienza a disputar autoridad.
La respuesta habitual ha sido aumentar penas, declarar emergencias, anunciar operativos y aprobar nuevas normas. Algunas medidas pueden ser necesarias, pero ninguna sustituye una estrategia de Estado. Capturar al sicario sin seguir el dinero deja intacto al financista. Detener al extorsionador sin intervenir la estructura permite su reemplazo. Y realizar un operativo que ha sido filtrado previamente convierte la acción estatal en una intervención sin eficacia.
El crimen organizado corre mientras el Estado, demasiadas veces, camina. Las redes criminales cambian teléfonos, cuentas, testaferros, rutas y territorios. Cruzan fronteras, diversifican negocios y aprenden de cada intervención. El aparato público, en cambio, todavía puede quedar atrapado en bases de datos fragmentadas, competencias que no se articulan, procedimientos lentos e instituciones que producen información sin compartirla oportunamente.
Modernizar la seguridad no significa solamente comprar cámaras, patrulleros o software. Significa construir inteligencia interoperable; seguir flujos financieros; fortalecer la inteligencia penitenciaria; profesionalizar a policías, fiscales y analistas; proteger denunciantes y testigos; controlar accesos a información sensible; detectar incrementos patrimoniales injustificados; y evaluar si las políticas aplicadas realmente reducen la criminalidad.
Pero existe una condición anterior a todas: integridad. Ningún sistema de inteligencia será suficiente si la información puede venderse. Ningún operativo será eficaz si alguien puede advertirlo. Ninguna reforma penitenciaria funcionará si las reglas se negocian. Ninguna política contra economías ilegales tendrá éxito si el dinero criminal consigue comprar protección.
Combatir la infiltración tampoco autoriza arbitrariedades. No toda ineficiencia es corrupción y no toda decisión cuestionable demuestra participación criminal. El Estado de Derecho exige pruebas, debido proceso y responsabilidades individuales. Precisamente por eso se necesitan órganos de control profesionales e independientes, trazabilidad de decisiones y mecanismos capaces de investigar sin convertir la sospecha en condena.
Durante años preguntamos: ¿por qué el Estado no puede derrotar al crimen organizado? Hoy debemos formular una segunda pregunta: ¿cuánto ha conseguido el crimen penetrar los espacios desde los cuales debería ser combatido?
No necesitamos un Estado autoritario. Necesitamos un Estado íntegro, profesional, tecnológicamente capaz y suficientemente fuerte para investigarse a sí mismo cuando existan indicios. Porque la batalla contra el crimen organizado no se ganará únicamente en las calles. También se ganará o se perderá en comisarías, fiscalías, cárceles, municipalidades, gobiernos regionales, ministerios y oficinas donde una decisión pública puede cerrar una puerta al delito o abrirla.
La pregunta final es incómoda, pero el país necesita enfrentarla: ¿qué ocurre cuando quienes deberían temer al Estado consiguen que algunos integrantes del Estado terminen sirviéndoles? Cuando eso sucede, el crimen deja de esconderse del poder y empieza a buscar un lugar dentro de él. Y entonces ya no hablamos solamente de inseguridad ciudadana. Hablamos de una disputa por el propio Estado.
(*) Abogada – Docente Universitaria – Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo