Por : Walter Miguel Quito Revello
Lo ocurrido en Trujillo debería estremecernos mucho más allá de sus fronteras. Cuatro personas fueron asesinadas en un escenario de extrema violencia. Después vinieron las capturas, las versiones oficiales, los cuestionamientos y las graves denuncias sobre presuntas irregularidades en las intervenciones policiales. Y ahora, cuando la crisis alcanza a los más altos niveles de la Policía Nacional, ya no podemos mirar estos hechos como un simple episodio de delincuencia común.
Aquí hay algo mucho más profundo. La verdadera pregunta es si el crimen organizado está solamente atacando al Estado desde afuera o si está comenzando a penetrarlo desde adentro. Porque una cosa es que existan malos policías. Otra cosa completamente distinta sería que las irregularidades puedan involucrar a grupos policiales, mandos superiores o estructuras que permitan que una persona sea presentada como delincuente mediante pruebas manipuladas o colocadas. Y si eso llegara a comprobarse, el problema ya no sería solamente policial. Sería institucional.
El ciudadano tiene derecho a preguntarse: ¿quién ordenó?, ¿quién sabía?, ¿quién supervisó?, ¿quién verificó las pruebas?, ¿quién informó al poder político?, ¿quién permitió que una operación fuera presentada como un éxito? Si alguna vez el Estado llega a fabricar pruebas para fabricar culpables, el peligro alcanza a todos.
Hoy puede ser una persona acusada de pertenecer a una organización criminal. Mañana puede ser un comerciante, un trabajador, un joven o cualquier ciudadano que tenga la desgracia de encontrarse en el lugar equivocado. ¿Quién nos garantiza que una persona inocente no pueda terminar en prisión si quienes deben investigar también participan en la construcción de una mentira? Ese es el verdadero peligro.
La Policía detiene. La Fiscalía acusa. El juez decide. Esa cadena solamente funciona cuando cada institución cumple su función con independencia y honestidad. Si uno de esos eslabones se corrompe, todo el sistema puede terminar condenando a una persona inocente. Y por eso resulta políticamente significativo que la crisis haya alcanzado al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien anunció su salida del cargo y su pase al retiro en medio de este contexto. No era un policía cualquiera.
Era la máxima autoridad de la institución policial. Además, el propio Ministerio del Interior había informado que el ministro mantenía coordinación directa con el alto mando policial durante las acciones desplegadas en Trujillo.
El crimen organizado no necesita controlar completamente al Estado para derrotarlo. Le basta con penetrar algunos puntos estratégicos: un policía corrupto, un funcionario comprado, un investigador que no investiga, un fiscal que se limita a recibir papeles, un funcionario que mira hacia otro lado o una autoridad política que prefiera resultados rápidos antes que investigaciones rigurosas.
Cuando el Estado comienza a preocuparse más por presentar culpables que por encontrar la verdad, empieza a perder su legitimidad. Y aquí aparece una pregunta que deberíamos hacernos todos: ¿Y MAÑANA, CHIMBOTE? Chimbote y la provincia del Santa no están fuera de esta realidad. También conocemos la extorsión, el sicariato, el tráfico de drogas, la violencia y las denuncias de corrupción. También tenemos ciudadanos que sienten temor de denunciar y personas que han dejado de confiar plenamente en las instituciones. Por eso, Trujillo debe ser para nosotros una advertencia. No esperemos que una tragedia similar ocurra en Chimbote para recién preguntarnos qué estaba pasando. No esperemos que aparezcan denuncias de pruebas sembradas. No esperemos que caiga un jefe policial. No esperemos que caiga un ministro. La defensa del Estado de derecho comienza antes de que sea demasiado tarde.
Necesitamos una Policía fuerte, pero limpia. Una Fiscalía que investigue realmente. Jueces independientes. Peritos confiables. Cadena de custodia rigurosa. Autoridades políticas que respondan por sus decisiones. Y ciudadanos capaces de exigir explicaciones sin miedo. Porque combatir al crimen no significa renunciar a la justicia. El Estado tiene que derrotar al delincuente sin convertirse él mismo en delincuente. Si el crimen organizado logra controlar las calles, tenemos un grave problema de seguridad.
Pero si logra penetrar las instituciones que deben combatirlo, tenemos un problema mucho mayor: tenemos un problema de Estado. Y si mañana un ciudadano puede ser detenido, acusado y condenado porque alguien decidió convertirlo en culpable, entonces ya no estaremos viviendo simplemente bajo la amenaza de la delincuencia.
Estaremos viviendo bajo la amenaza de la arbitrariedad. Y una sociedad donde el ciudadano tiene miedo del delincuente, pero también tiene miedo de quienes deberían protegerlo, es una sociedad que está perdiendo su libertad. Por eso Trujillo no debe ser una noticia que mañana olvidemos. Debe ser una alerta para Chimbote y para toda la provincia del Santa. Porque el crimen organizado avanza donde el Estado retrocede. Y si queremos evitar que mañana sea Chimbote, debemos defender hoy nuestras instituciones. Porque cuando se pierde el Estado de derecho, qué clase de Estado estamos construyendo mientras intentamos combatirla.