El Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Chimbote se ha convertido en una muestra preocupante de la incapacidad de las autoridades para defender el patrimonio público y hacer cumplir sus propias decisiones. Mientras las normas y resoluciones se suceden en los escritorios, en la práctica el desembarcadero continúa ocupado por Isla Blanca, pese a que el convenio que le permitió administrar estas instalaciones concluyó en septiembre de 2025 y había sido resuelto previamente.
La pregunta que hoy se hace el sector pesquero artesanal y buena parte de la ciudadanía es sencilla, pero incómoda: ¿cuándo desalojarán a los usurpadores del DPA de Chimbote?
No se trata únicamente de una disputa administrativa. Estamos hablando de una infraestructura pública destinada a prestar servicios a los pescadores artesanales y que, en lugar de cumplir esa función, permanece en una situación de abandono, incertidumbre y aparente desprotección por parte de las instituciones responsables.
La reciente Resolución Ministerial N.° 0317-2026-PRODUCE, referida a las modificaciones de los convenios de administración de los desembarcaderos pesqueros artesanales, vuelve a poner el tema sobre la mesa. Sin embargo, ninguna resolución tendrá verdadero significado si las autoridades regionales no son capaces de ejecutar las acciones necesarias para recuperar el DPA y ponerlo nuevamente al servicio de quienes corresponde.
Resulta igualmente preocupante la actuación del Consejo Regional. Se conformó una comisión investigadora integrada por Alexander Peláez Vera, Nolberto Roca Maza, Andy Montes Pimentel, Gregorio Silvestre Sánchez y Alejandro López Cosco. Según las denuncias formuladas, dicha comisión no habría cumplido con realizar el trabajo de campo que le fue encomendado. Si una comisión investigadora creada mediante acuerdo del pleno regional termina reducida a documentos y trámites, entonces cabe preguntar cuál fue realmente su utilidad.
Pero hay otro aspecto que no puede pasar inadvertido: los proyectos que se gestionaban con FONDEPES también se han venido abajo. La instalación del emisor submarino y la construcción del área de salado no se concretaron, según las denuncias, por falta de seguimiento de la Dirección Regional de la Producción. Son oportunidades perdidas para mejorar una infraestructura que necesita urgente atención.
Lo más grave, sin embargo, es la sensación de que nadie quiere asumir responsabilidad. El convenio terminó, el tiempo sigue pasando y el DPA continúa en manos de terceros. ¿Dónde está la Procuraduría Regional? ¿Dónde está la Dirección Regional de la Producción? ¿Qué acciones concretas se han iniciado para recuperar el patrimonio público? ¿Existe una fecha para el desalojo?
Chimbote no necesita más explicaciones burocráticas. Necesita decisiones.
El DPA no pertenece a una administración particular ni a funcionarios de turno. Es patrimonio público y su destino debe estar vinculado al desarrollo de la pesca artesanal. Mantenerlo ocupado después de concluido el convenio significa prolongar una situación que debe ser resuelta por las autoridades competentes.
Por eso, la pregunta debe dejar de ser “¿qué pasó con el DPA?” y convertirse en una exigencia concreta: ¿cuándo lo van a recuperar y cuándo volverá a estar al servicio de los pescadores artesanales de Chimbote?
El tiempo de las excusas ya terminó. Ahora corresponde actuar.