Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Cada vez que un gobierno solicita facultades legislativas al Congreso reaparece el argumento de que el Parlamento estaría renunciando a su función constitucional. La historia peruana demuestra lo contrario.
La delegación de facultades forma parte de nuestro diseño constitucional desde 1979. No es una anomalía ni una concesión excepcional, sino un instrumento que permite al Ejecutivo legislar temporalmente sobre materias determinadas y bajo posterior control parlamentario.
Los antecedentes son claros. Fernando Belaúnde recibió delegaciones de hasta 180 días; Alberto Fujimori, 150 días para materias que incluyeron pacificación, terrorismo y narcotráfico; Alan García obtuvo posteriormente una delegación de 180 días; y Pedro Pablo Kuczynski recibió 90 días para legislar, entre otros asuntos, sobre reactivación económica, formalización, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.
Incluso Pedro Castillo, pese a su conflictiva relación con el Congreso, recibió facultades durante 90 días. El Parlamento recortó materias y delimitó el pedido, pero no bloqueó el mecanismo.
Ese es el punto. El Congreso no está obligado a aprobarlo todo, pero tampoco debería convertir la delegación en un instrumento de bloqueo político. Puede reducir plazos, excluir materias, precisar alcances y fiscalizar posteriormente.
El actual pedido de 120 días tampoco constituye una excepcionalidad histórica. Existen precedentes de 150 y 180 días.
Además, buena parte de las materias solicitadas son habituales en este tipo de delegaciones: reactivación económica, formalización, tributación, simplificación administrativa, modernización del Estado y desarrollo productivo.
Esta vez, sin embargo, se añaden dos circunstancias excepcionales impuestas por la coyuntura: la lucha contra el crimen organizado y la preparación frente al Fenómeno El Niño.
Y allí el tiempo adquiere otra dimensión.
Según fuentes abiertas, entre el 28 de agosto – fecha en que se presentó al Congreso el pedido de delegación de facultades y el 9 de septiembre se registraron 21 muertes en 15 ataques letales presuntamente vinculados a organizaciones criminales, en un contexto en el que continúan operando la extorsión, el sicariato y otras formas de criminalidad organizada.
Por eso surge una pregunta incómoda, pero inevitable:
¿Cuántas muertes más harán falta para que quienes se oponen a delegar facultades en materia de seguridad comprendan que el costo de la demora también se mide en vidas?
La pregunta no pretende sustituir el debate parlamentario. El Ejecutivo debe explicar qué normas necesita modificar y el Congreso tiene el derecho y la obligación de establecer límites. Pero cuando el crimen organizado avanza, la deliberación razonable no puede convertirse en dilación indefinida.
Algo similar ocurre con el Fenómeno El Niño. La prevención solo funciona antes de la emergencia. Esperar las inundaciones, carreteras destruidas, poblaciones aisladas y pérdidas millonarias para recién acelerar las decisiones sería repetir una historia que el país conoce demasiado bien.
En ambos casos, el tiempo ya no es solamente una variable legislativa: es una variable de seguridad, prevención y gobernabilidad.
Delegar no es entregar un cheque en blanco. Es fijar materias, establecer un plazo y controlar posteriormente lo legislado.
El Congreso debe fiscalizar, corregir y limitar cuando corresponda. Pero una cosa es controlar y otra bloquear.
Y cuando están en juego vidas humanas y la capacidad del Estado para anticiparse a una emergencia, esa diferencia deja de ser simplemente política.
La pregunta ya no es solo cuánto poder debe recibir el Ejecutivo. También es cuánto tiempo puede darse el país el lujo de seguir esperando.