POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El pasado 9 de los corrientes, el Diario La República tituló que “hay 25 fiscales amenazados de muerte por el crimen organizado”, recogiendo las declaraciones de Jorge Chávez Cotrina, Coordinador Nacional de las Fiscalía Especializadas contra la Criminalidad Organizada, en conferencia de prensa al lado de Tomás Gálvez, Fiscal de la Nación. Dato preocupante.
Tres días después, el Teniente General PNP (r), Edgardo Garrido, enfatizó que “todos los funcionarios que trabajan en el sector Justicia, vale decir, policías, jueces, fiscales y empleados del Inpe, están expuestos a amenazas porque todos, de una manera u otra, enfrentamos la criminalidad”. Y es verdad.
Solo basta recordar que el 5 de junio de 2009, veintitrés efectivos policiales murieron durante el operativo policial de desbloqueo en la zona conocida como la Curva del Diablo en Bagua; amen de la desaparición física del Mayor PNP Felipe Bazán. O, la violenta muerte del Suboficial de Segunda PNP, José Luís Soncco, presuntamente quemado vivo durante las asonadas violentistas durante el gobierno de Dina Boluarte. Impunidad a la fecha.
Sin embargo, esta afirmación de Chávez se dio luego de la ácida crítica de Gálvez calificando a Oscar Arriola, Comandante General de la Policía Nacional del Perú, como malcriado, cuestionado su permanencia en el cargo. Lo cierto es que Arriola anunció relevo de la Comandancia General a partir del 16 de los corrientes; siendo calificado por la mandataria Keiko Fujimori como “institucional”.
No obstante, llama la atención el pronunciamiento del Ministerio Público respecto de la situación jurídica de Alberto Beingolea y Marco Vinelli, Titulares de Cultura y de Desarrollo Agrario y de Riego, respectivamente. En el primero, la Fiscalía Provincial en Corrupción de Funcionarios del Callao ha pedido diez años de cárcel y 550 días multa, por supuestamente haber suscrito un servicio en 2109 que finalmente no brindó; mientras que el otro, el Ministerio Público requirió cuatro años de prisión, atribuyéndole presuntas irregularidades vinculadas con el proyecto denominado “Mejoramiento de los Canales de Irrigación de la margen derecha del distrito de Tomaykichwa-Ambo Huánuco”, tipificándolo como colusión simple, por el periodo comprendido entre el 10 de junio de 2015 y el 28 de febrero de 2016, cuando éste ejercía el cargo de Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural. En suma, se trata de investigaciones que datan más de 7 y 11 años, sin pronunciamiento de fondo de la administración de justicia (sobreseimiento o sentencia condenatoria).
Esto último, hace rememorar la presionada renuncia de finales de enero de 2025 de Julio De Martini al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social luego de dizque investigaciones que lo vinculaban en presuntos actos de corrupción con el hoy extinto Programa Alimentario Qali Warma. Veinticinco días después, se descartó su convocatoria como embajador del Perú en el Vaticano a raíz del impedimento de salida del país formulado por la entonces Fiscal de la Nación, y hoy controvertida Decana del Colegio de Abogados de Lima, la destituida e inhabilitada para ejercer la función pública hasta por diez años, Delia Espinoza. El 22 de marzo del mismo año, el Poder Judicial rechazó tal pedido.
Entendemos que la tarea del Ministerio Público es el de “guardián de la legalidad”; o mejor dicho, persecutor del delito; pero esta encomiable función no puede, ni debe, trastocarse como una velada amenaza a la persona que ocasionalmente ocupa la función pública.