Otro informe de la Contraloría vuelve a encender las alarmas sobre las obras hospitalarias que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en Áncash. Esta vez, el caso corresponde al Hospital de Apoyo de Caraz II-1, cuya inversión se ha incrementado en más de 400 millones de soles y cuya supuesta reactivación, según el órgano de control, ni siquiera puede ser acreditada documentalmente.
El dato es contundente. El proyecto que en agosto de 2021 tenía un costo de inversión de S/ 113,5 millones pasó a registrar en enero de 2025 una inversión actualizada de S/ 544,6 millones. Es decir, en apenas unos años el costo prácticamente se multiplicó por cinco, con un incremento superior a S/ 431 millones.
Y frente a semejante incremento, lo mínimo que puede exigirse es una obra que avance con normalidad, tenga un cronograma vigente y pueda demostrar documentalmente su situación. Pero tampoco eso parece estar claro.
Al 12 de agosto de 2026, el Hospital de Caraz registra apenas 47,29 % de avance físico, mientras que el avance financiero llega al 57,16 %. La Gerencia del Proyecto sostiene que la obra está formalmente reactivada y que existen 12 subcontratistas, 17 subcontratos y un staff de 352 trabajadores. Sin embargo, la Contraloría señala que no encontró documentación que permita acreditar formalmente el reinicio de la ejecución física.
Esta situación resulta particularmente grave. ¿Cómo puede una obra estar “formalmente reactivada” si el propio órgano de control no encuentra los documentos que acrediten cuándo y bajo qué condiciones se produjo ese reinicio?
También existe incertidumbre respecto del cronograma. La fecha inicialmente prevista para entregar el hospital, el 7 de febrero de 2027, tampoco puede darse por segura, porque el cronograma de julio de 2026 figura como “rechazado” en la plataforma Aconex. Es decir, tampoco existe un cronograma actualizado y aceptado que permita saber cuándo realmente terminará la obra.
Pero Caraz no es un caso aislado.
El Gobierno nacional tiene la obligación de mirar de manera integral lo que está ocurriendo con los cuatro hospitales que ejecuta la ANIN en Áncash. No se puede seguir tratando cada problema como un episodio independiente cuando existen señales recurrentes de paralizaciones, retrasos, modificaciones contractuales, incrementos presupuestales y cuestionamientos de los órganos de control.
La situación amerita una intervención política y administrativa del Ejecutivo. No para paralizar más las obras, sino precisamente para destrabar aquellas que llevan años esperando una solución y establecer responsabilidades sobre las decisiones que han permitido que sus costos se eleven de manera extraordinaria.
Los llamados mecanismos especiales de contratación y los esquemas de Gobierno a Gobierno no pueden convertirse en una zona liberada para que los presupuestos crezcan sin límites mientras los plazos se incumplen y las obras permanecen inconclusas.
Los eventos compensables, modificaciones de alcance, gastos de supervisión y asistencia técnica pueden tener una explicación contractual. Pero cuando una obra pasa de S/ 113 millones a S/ 544 millones, la ciudadanía tiene derecho a saber, con absoluta transparencia, quién autorizó cada incremento, por qué fue necesario y cuánto terminará costando finalmente.
Áncash no necesita hospitales convertidos en monumentos a la burocracia y a la ineficiencia. Necesita establecimientos de salud funcionando, con médicos, equipamiento y capacidad para atender a la población.
Por eso, el Ejecutivo debe intervenir y revisar de manera urgente los cuatro hospitales que ejecuta la ANIN en la región. La Contraloría ya está haciendo su parte al advertir los problemas. Ahora corresponde al Gobierno actuar.
Porque no basta con anunciar que una obra está reactivada. En Caraz, la propia Contraloría advierte que esa reactivación no puede ser acreditada documentalmente.
Y cuando ni siquiera está claro si una obra está formalmente reactivada, mientras su costo se ha disparado en más de S/ 431 millones, la pregunta ya no es solamente cuándo terminará el hospital.
La verdadera pregunta es: ¿quién está poniendo orden en las obras de la ANIN en Áncash?