Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada – Docente
Universitaria – Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo
El Ejecutivo ha solicitado al Congreso facultades legislativas por 120 días. El paquete contiene 66 pedidos agrupados en ocho materias que incluyen seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, fortalecimiento de las MYPE, empleo, productividad, modernización del Estado, simplificación administrativa y transformación digital. La magnitud de la solicitud obliga a superar la discusión superficial de si el Congreso debe decir simplemente sí o no.
Delegar facultades legislativas es una herramienta prevista por el orden constitucional. No es un cheque en blanco ni una anomalía democrática. Pero precisamente porque concentra temporalmente capacidad normativa en el Ejecutivo, exige delimitación, sustento técnico, control político y, sobre todo, resultados verificables.
El Gobierno sostiene que necesita estas facultades para responder con rapidez a problemas urgentes y para “poner orden” también dentro del Estado. El planteamiento toca una de las mayores frustraciones de la ciudadanía: un aparato público que puede tener normas, presupuesto y competencias, pero que con demasiada frecuencia llega tarde.
Sin embargo, existe un riesgo conocido. En el Perú solemos confundir capacidad de legislar con capacidad de gobernar. Aprobar una norma es relativamente rápido. Conseguir que una institución cambie su comportamiento, coordine con otras entidades, ejecute correctamente y produzca resultados sostenibles es mucho más difícil.
Las facultades pueden remover barreras normativas, simplificar procedimientos, redefinir competencias y acelerar determinadas decisiones. Lo que no pueden hacer por sí solas es crear meritocracia, liderazgo, integridad, capacidad técnica o cultura de resultados. Ningún decreto legislativo sustituye una administración pública competente.
Por eso el debate parlamentario debería formular una pregunta para cada una de las 66 solicitudes: ¿qué problema público concreto pretende resolver, por qué la legislación ordinaria no resulta suficiente, qué indicador permitirá saber si funcionó y quién responderá si el resultado no llega?
En seguridad ciudadana, por ejemplo, no bastará contabilizar nuevas normas. El ciudadano necesitará saber si disminuyeron extorsiones, homicidios y delitos cometidos desde establecimientos penitenciarios. En simplificación administrativa, el éxito no será el número de procedimientos modificados, sino cuánto tiempo y dinero dejó de perder una persona frente al Estado.
En modernización estatal, tampoco debería celebrarse únicamente una reorganización institucional. Cambiar nombres, organigramas o dependencias puede producir una apariencia de reforma sin transformar el servicio. La pregunta correcta es si el ciudadano obtiene una respuesta más rápida, predecible y de mejor calidad.
El Congreso, por su parte, tiene una responsabilidad equivalente. No debería conceder facultades por disciplina política ni rechazarlas por confrontación. Cada materia requiere análisis de necesidad, proporcionalidad y precisión. Algunas pueden justificar urgencia; otras pueden necesitar debate legislativo ordinario. Fiscalizar no es paralizar y gobernar con rapidez no significa gobernar sin controles.
Hay además una dimensión que suele olvidarse: la rendición de cuentas posterior. Si el Ejecutivo recibe herramientas extraordinarias, su obligación de explicar resultados también debe ser extraordinaria. Cada decreto debería poder vincularse con un problema, una meta y una evaluación posterior.
El país ya ha experimentado demasiadas reformas medidas por cantidad de normas publicadas. La gestión pública debe comenzar a medir aquello que realmente importa: resultados, calidad de servicios, reducción de tiempos, disminución de costos y recuperación de confianza.
Por eso, las facultades legislativas pueden ser una oportunidad, pero solo si dejan de entenderse como un fin político y se convierten en un instrumento de gestión.
Si dentro de 120 días tenemos más decretos, más anuncios y los mismos problemas, el fracaso no será de la figura constitucional de la delegación. Será nuevamente de la gestión.
El Perú no necesita un Gobierno que explique únicamente cuánto poder recibió. Necesita instituciones capaces de demostrar qué hicieron con él.