El Gobierno acaba de autorizar una transferencia de S/ 375 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para continuar tres proyectos de protección frente al Fenómeno El Niño 2026-2027: las quebradas San Idelfonso, en La Libertad; Cansas/Chanchajalla, en Ica; y las defensas del río Motupe, en Lambayeque. La medida está respaldada por el Decreto Supremo N.° 185-2026-EF y los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
La decisión es comprensible: cuando existe un peligro anunciado y una población expuesta, el Estado tiene la obligación de actuar antes de que las lluvias conviertan la prevención en emergencia. El problema aparece cuando se observa el mapa y, especialmente, cuando se mira hacia Áncash.
Aquí también tenemos obras de protección frente a inundaciones que no han sido concluidas. Lacramarca, Casma y Huarmey continúan con sectores pendientes, controversias contractuales y puntos vulnerables, pese a que se trata precisamente de proyectos concebidos para reducir los riesgos que provocan las lluvias intensas. Los tres proyectos ejecutados por ANIN.
En Lacramarca, la situación resulta particularmente preocupante. La Defensoría del Pueblo informó recientemente que ANIN inició trabajos de descolmatación y limpieza en 28 kilómetros del río, además de intervenciones de enrocado en tramos pendientes, como parte de las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.
Pero el problema no se limita a Lacramarca. Un informe de control citado sobre los proyectos de Casma y Huarmey advierte que existen controversias derivadas de la resolución de contratos y que permanecen sectores con avances incompletos y vulnerabilidades pendientes de atención. En Casma, por ejemplo, se reportaron avances diferenciados en los ríos Sechín, Casma y Grande; mientras que en Huarmey también quedaron tramos por culminar.
Entonces, la pregunta es inevitable: si el Gobierno ha encontrado S/ 375 millones para asegurar la continuidad de tres proyectos en otras regiones, ¿qué está haciendo para garantizar que las defensas ribereñas de Áncash estén realmente listas antes de que lleguen las lluvias?
No se trata de pedir privilegios para nuestra región. Se trata de exigir que el criterio de prevención sea aplicado también donde existen obras inconclusas y poblaciones expuestas. No tendría sentido inaugurar la temporada de lluvias con discursos sobre prevención mientras maquinaria, contratos y presupuestos siguen atrapados en trámites, arbitrajes o controversias.
Áncash ya conoce las consecuencias de esperar. Los ríos no entienden de expedientes, adendas ni controversias contractuales. Cuando aumenta el caudal, la naturaleza no concede ampliaciones de plazo.
La ANIN está, por eso, en el ojo de la tormenta. Y no solamente por los proyectos que acaba de recibir financiamiento, sino por los que todavía tiene pendientes en nuestra región.
El Niño está a la vuelta de la esquina. La pregunta ya no es cuánto dinero se puede anunciar, sino cuánto de lo necesario estará realmente ejecutado cuando lleguen las lluvias.