¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que estudiantes, que deberían encontrarse en las aulas aprendiendo y formándose para el futuro, terminen protagonizando hechos de violencia tan graves contra un compañero de estudios?
La pregunta resulta inevitable después de lo ocurrido en San Borja, donde un estudiante del Liceo Naval fue víctima de una brutal agresión presuntamente protagonizada por otros alumnos. Lo ocurrido no parece una escena de una película. Es real. Y justamente por eso nos obliga a mirar más allá del hecho concreto y preguntarnos qué está fallando en nuestra sociedad, en las familias, en las escuelas y en las instituciones que tienen la responsabilidad de proteger a nuestros niños y adolescentes.
El abuso y la violencia escolar no son fenómenos nuevos. Durante años hemos conocido casos de bullying, agresiones físicas, humillaciones, amenazas y acoso que muchas veces comienzan como una supuesta “broma” y terminan provocando consecuencias que pueden marcar para siempre la vida de una persona.
Lo preocupante es que, pese a todo lo que se habla sobre prevención, convivencia escolar y protección de los estudiantes, continúan apareciendo hechos que demuestran que algo no está funcionando.
No basta con sancionar cuando la agresión ya ocurrió. Tampoco basta con emitir comunicados, abrir investigaciones o responsabilizar únicamente a los adolescentes involucrados. Hay que preguntarse qué señales fueron ignoradas, si existieron antecedentes, si alguien advirtió lo que estaba ocurriendo y, sobre todo, qué mecanismos de prevención y protección estaban funcionando antes de que la violencia llegara a ese extremo.
También resulta preocupante la reacción de algunos adultos frente a estos hechos. Según se ha informado, uno de los padres de los estudiantes detenidos habría escupido a un periodista que cubría el caso. Si esta conducta ocurrió, debe ser rechazada sin ambigüedades. La defensa de un hijo no puede convertirse en una licencia para agredir a terceros ni para justificar la violencia.
Pero tampoco debemos cometer el error de asumir que la conducta de un padre explica automáticamente la conducta de un hijo. Cada persona responde por sus propios actos y corresponde que las investigaciones determinen responsabilidades individuales.
Lo que sí debemos preguntarnos es qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos cuando frente a un conflicto respondemos con insultos, amenazas o agresiones. Los niños y adolescentes aprenden también de lo que observan.
El futuro exige algo más que castigos. Necesitamos escuelas donde denunciar una agresión sea seguro, familias que enseñen respeto y límites, autoridades que actúen oportunamente y una sociedad que deje de normalizar la violencia como mecanismo para resolver conflictos.
Lo ocurrido en San Borja debe ser una llamada de atención. No solamente para quienes tienen responsabilidades directas, sino para todos. Porque cuando un estudiante es agredido brutalmente por sus propios compañeros, no solo está fallando una persona: estamos ante una señal de que debemos revisar, con seriedad, cómo estamos formando a las nuevas generaciones.
La pregunta sigue abierta: ¿qué estamos haciendo mal y qué debemos hacer, desde ahora, para que esto no vuelva a ocurrir?