Hasta dónde hemos llegado. Esa es la pregunta que hoy debería hacerse toda Áncash después del asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, “La China Polo”, candidata al Gobierno Regional de Áncash, quien fue asesinada a balazos el sábado en plena actividad proselitista en el mercado de Caraz.
No estamos hablando de un crimen ocurrido en la oscuridad de la noche ni en un lugar apartado. Ocurrió a plena luz del día, en medio de una actividad política, con comerciantes, ciudadanos y simpatizantes alrededor. Es decir, quienes dispararon no solo acabaron con la vida de una mujer, periodista y candidata: desafiaron públicamente a toda una sociedad.
Y eso resulta todavía más grave porque Aponte Polo había denunciado días antes que estaba recibiendo amenazas contra su vida. En videos difundidos por ella misma afirmó haber recibido llamadas provenientes de establecimientos penitenciarios y señaló que se le había advertido de un supuesto atentado. También formuló acusaciones contra el general PNP Víctor Revoredo. Son afirmaciones de la propia víctima que hoy adquieren una enorme relevancia, pero que deben ser investigadas y corroboradas por las autoridades, no convertidas anticipadamente en conclusiones.
También han cobrado notoriedad otros videos en los que “La China Polo”, con su conocido estilo confrontacional, cuestionaba públicamente a autoridades policiales y fiscales. La pregunta inevitable es: ¿tenía relación alguna aquello con el crimen? ¿Las amenazas que denunció fueron reales? ¿Quién las realizó? ¿Fueron investigadas oportunamente? ¿Por qué una persona que decía sentirse amenazada terminó siendo asesinada precisamente durante una actividad pública?
Son preguntas que no pueden quedar en el aire.
La Policía detuvo inicialmente a un presunto autor material y se incautó un arma de fuego. Posteriormente, la investigación fiscal fue recalificada como presunto sicariato y se informó sobre la detención de otros sospechosos, entre ellos un supuesto financista y otra persona que habría trasladado al atacante. Pero detenciones no significan culpabilidad. Corresponde a la investigación establecer quiénes participaron, quién pudo ordenar el crimen y cuál fue realmente el móvil.
Aquí está precisamente el desafío para el Ministerio Público y la Policía Nacional: no basta con capturar al que habría jalado el gatillo. Si se confirma que se trató de un crimen por encargo, la investigación debe llegar hasta quienes lo planificaron y financiaron.
Y hay algo más que Áncash no puede permitir: que este asesinato termine convertido en otro expediente lleno de interrogantes y respuestas a medias.
“La China Polo” era candidata y periodista. Su muerte ocurre en plena campaña electoral. Por ello, el Estado tiene la obligación de garantizar que candidatos, periodistas y ciudadanos puedan participar en la vida pública sin convertirse en blancos de la violencia.
La democracia no puede desarrollarse bajo las balas.
Hoy corresponde investigar, esclarecer y sancionar. Sin especulaciones, sin encubrimientos y sin privilegios. La verdad completa sobre el asesinato de Susy Aponte Polo no es solamente un reclamo de sus familiares. Es una exigencia de toda Áncash.