El Diario de Chimbote publicó el último sábado un informe sobre cifras de violencia sexual en los colegios de la jurisdicción de la Ugel Santa, con fuente de la plataforma SiseVe.
Hay cifras que no pueden ser recibidas con indiferencia. 32 reportes de violencia sexual registrados en la jurisdicción de la UGEL Santa entre enero y agosto de este año no son simplemente números acumulados en una plataforma del Ministerio de Educación. Detrás de cada reporte existe un estudiante, una familia, un entorno escolar y, sobre todo, una obligación del Estado de proteger.
La cifra es suficientemente grave como para exigir una respuesta seria. Y hay un dato que debería encender todas las alarmas: 14 de los 32 reportes corresponden a la categoría “Personal IE a Escolares”. Es decir, casi la mitad de los reportes de violencia sexual registrados involucra presuntamente a personal de instituciones educativas y estudiantes.
No estamos diciendo que esos reportes constituyan responsabilidades ya determinadas. Corresponde a las autoridades investigar cada caso y establecer las responsabilidades que correspondan. Pero tampoco podemos utilizar esa precisión para minimizar la gravedad de lo que está ocurriendo. Un reporte de violencia sexual contra un menor exige reacción inmediata, protección y una investigación diligente.
Más preocupante todavía es que 27 reportes correspondan a tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos; tres estén clasificados como violación sexual y dos como acoso sexual. No son conductas que puedan ser normalizadas como “juegos de escolares”, “problemas entre adolescentes” o situaciones que deban resolverse discretamente para evitar el escándalo.
La escuela tiene una responsabilidad que va mucho más allá de impartir conocimientos. Es el espacio donde nuestros hijos deberían sentirse protegidos. Cuando esa seguridad se rompe, no basta con llenar formularios, abrir expedientes o registrar un caso en SíseVe.
También preocupa que 20 de los 32 reportes permanecieran en proceso de atención al momento del corte de la información. Es indispensable conocer qué significa concretamente ese “proceso de atención”: qué medidas de protección se adoptaron, quién está a cargo, qué seguimiento se realiza y cuánto tiempo transcurre hasta que un caso recibe una respuesta efectiva.
Aquí no puede existir burocracia que termine convirtiéndose en indiferencia.
La UGEL Santa, las direcciones de los colegios, la Gerencia Regional de Educación, la Policía, el Ministerio Público y demás instituciones competentes tienen que actuar de manera articulada. No puede ocurrir que una familia denuncie y luego tenga que peregrinar de oficina en oficina buscando respuestas.
Y hay otra responsabilidad que tampoco podemos eludir: la prevención. Los colegios necesitan fortalecer los mecanismos de vigilancia, los canales de denuncia y la formación de estudiantes, docentes y padres de familia para reconocer situaciones de riesgo.
Una escuela que sabe que existe un problema y no actúa, termina siendo parte del problema.
Las cifras del SíseVe no deben servir para alimentar el escándalo de unos días y luego desaparecer de la agenda. Deben convertirse en una llamada de atención permanente.
Porque detrás de cada reporte hay un menor que merece ser escuchado, protegido y respetado.
Y porque ninguna institución educativa puede llamarse segura mientras un estudiante tenga miedo de ingresar a ella.