POR: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, ocurrido mientras realizaba una actividad de campaña en el mercado de Caraz, ha causado indignación, dolor y una profunda preocupación que trasciende las fronteras de nuestra región.
No estamos únicamente frente a la muerte violenta de una ciudadana. Estamos ante el asesinato de una candidata en pleno proceso electoral. Cuando se ataca a quien aspira a representar a la población, también se agrede el derecho de los ciudadanos a elegir libremente y se pretende alterar mediante el miedo aquello que solamente debe decidirse en las urnas.
Las balas no pueden reemplazar al voto.
Este crimen constituye un ataque directo contra la democracia, nuestras libertades y el derecho a participar en política sin amenazas ni violencia. Por ello, no basta con detener al presunto autor material. La investigación debe determinar quién ordenó, financió o facilitó el asesinato, así como esclarecer rigurosamente las amenazas que la víctima había denunciado. El país necesita conocer toda la verdad y sancionar a todos los responsables.
Lo ocurrido en Caraz tampoco puede analizarse como un hecho aislado. Áncash viene soportando una sucesión de homicidios, extorsiones y ataques contra comerciantes, transportistas y empresarios. En Chimbote, las organizaciones criminales actúan con creciente descaro: disparan contra establecimientos, utilizan motocicletas para escapar y hasta graban sus atentados para enviarlos a las víctimas como instrumento de intimidación.
La captura de presuntos responsables es importante y debe reconocerse. Sin embargo, las intervenciones individuales no son suficientes frente a estructuras criminales que se reorganizan, sustituyen rápidamente a sus integrantes y extienden sus operaciones sobre nuevos territorios y actividades económicas.
Áncash necesita una respuesta estatal proporcional a la gravedad del problema. Actualmente, Chimbote cuenta con una DEPINCRI, mientras la estructura superior de la DIVINCRI tiene alcance regional. Esa organización ya no responde adecuadamente a la dimensión que ha alcanzado la criminalidad en la costa ancashina.
Por ello, propongo que la actual DEPINCRI Chimbote sea elevada a la categoría de una DIVINCRI autónoma, con sede permanente en la ciudad, presupuesto propio, mayor número de agentes y unidades especializadas en homicidios, extorsiones, inteligencia operativa, criminalística e investigación patrimonial.
Esta nueva división debe contar con tecnología para analizar comunicaciones, rastrear movimientos financieros, integrar las cámaras públicas y privadas y coordinar directamente con las fiscalías especializadas. No se trata solamente de capturar a quienes disparan, sino de identificar a quienes dirigen las organizaciones, administran el dinero criminal y ordenan los asesinatos desde las calles o desde los establecimientos penitenciarios.
La seguridad ciudadana no puede reducirse a operativos temporales ni a nuevas declaraciones de emergencia. Se necesita presencia permanente, inteligencia, investigación y resultados verificables.
Áncash no puede acostumbrarse a contar muertos. Tampoco puede aceptar que el miedo condicione una campaña electoral, cierre un negocio o silencie a un periodista. Defender la vida, la democracia y nuestras libertades exige recuperar el control del territorio y demostrar que ninguna organización criminal es más poderosa que el Estado.