La PTAR II de Chimbote y Nuevo Chimbote enfrenta un nuevo y preocupante obstáculo que podría comprometer el avance de uno de los proyectos de saneamiento más esperados de la provincia del Santa.
Un informe elaborado por el propio Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) revela que, a julio de 2026, ninguno de los predios requeridos para los principales componentes de la PTAR II se encontraba saneado.
El documento, identificado como Informe N.° 0047-2026/PNSU-UGP-PTAR, de fecha 13 de julio de 2026, concluye expresamente que el componente de saneamiento físico-legal del Informe Final del Servicio N.° 3 se encuentra observado, debido a que ninguno de los terrenos evaluados había alcanzado el saneamiento correspondiente.
Pero el informe va más allá.
El PNSU determina que el Consultor Implementador (CI) Fichtner Water & Transportation, no cumplió con sus obligaciones contractuales y establece que el inicio de las gestiones de saneamiento físico-legal se produjo con retrasos superiores a seis meses respecto de la fecha en que el propio consultor había previsto comenzar estos trámites.
Según la documentación revisada, el consultor había estimado que las gestiones de saneamiento podían demorar entre seis y ocho meses. Por ello, considerando el cronograma aprobado, debía comenzar los trámites el 1 de octubre de 2025. Sin embargo, los procedimientos recién comenzaron entre abril y mayo de 2026.
El resultado es contundente.
Para la Cámara de Bombeo de Desagüe Atahualpa, el trámite empezó 188 días después de la fecha prevista. En la Cámara de Bombeo Industrial, el retraso fue de 205 días. En el Túnel, 180 días; en San Martín y Terminal, 203 días; en Las Gaviotas y Unión, 184 días; mientras que en la PTAR Península llegó a 176 días.
Pero el retraso en comenzar los trámites no es el único problema.
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) formuló una extensa lista de observaciones a los planes de saneamiento presentados.
En el caso de la PTAR Península, por ejemplo, la SBN detectó superposición total con un predio inscrito a favor de la Dirección General de Agricultura, otra superposición con un predio estatal no inscrito y una superposición con una solicitud vinculada a la Comunidad Indígena Nuevo Chimbote y Coishco. También identificó una afectación relacionada con el ecosistema frágil Humedal Costero Villa María, además de discrepancias sobre la posesión y naturaleza del predio.
En el caso del Túnel, la situación tampoco es sencilla. La SBN encontró que parte del área solicitada se encuentra dentro de un predio inscrito y otra parte sobre un ámbito sin inscripción registral. También detectó superposiciones con el Fundo Tambo Real, con otro predio estatal en saneamiento y hasta con la concesión minera JC Astilleros N.° 1.
En Las Gaviotas, además, se identificó superposición con el CUS 3318, con el Humedal Costero Villa María y parcialmente con la carretera a El Dorado.
Y en la Cámara de Bombeo Industrial, el informe señala que el predio se encuentra dentro del ámbito del denominado Fundo Tambo Real y también sobre una partida registral a favor de la Corporación Peruana del Santa. Incluso se advierte que probablemente será necesario realizar una primera inscripción de dominio como condición para poder transferir el terreno a la EPS.
El panorama se completa con otros predios cuya titularidad todavía necesita ser acreditada ante la Municipalidad Provincial del Santa, así como una superposición en la Cámara de Bombeo Unión con un predio inscrito a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otro vinculado a COFOPRI.
El propio PNSU advierte que la SBN no otorgó conformidad a los Planes de Saneamiento Físico Legal y que concedió diez días para levantar las observaciones, bajo apercibimiento de declarar inadmisibles las solicitudes. Incluso el informe señala que no se tenía información sobre la presentación oportuna de las subsanaciones y que, en consecuencia, podía presumirse válidamente que las solicitudes habían sido declaradas inadmisibles.
Esto coloca al proyecto frente a una pregunta inevitable: ¿cómo se pretende avanzar hacia la ejecución de la PTAR II si los terrenos donde deben construirse sus principales componentes todavía no están saneados?
La propia normativa de inversiones citada por el PNSU establece que, antes de iniciar la elaboración del expediente técnico, debe verificarse que se cuente con el saneamiento físico-legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del terreno para garantizar la ejecución de la inversión y la prestación del servicio.
La PTAR II no solo tiene problemas con entregables de la consultoría. Ahora aparece otro frente crítico: los terrenos necesarios para hacer realidad el proyecto siguen sin estar saneados.
Y mientras consultores, funcionarios y entidades públicas intercambian observaciones, Chimbote y Nuevo Chimbote continúan esperando una obra que debería solucionar, de manera definitiva, el tratamiento de sus aguas residuales y contribuir a recuperar la deteriorada bahía El Ferrol.
La población merece saber cuánto tiempo adicional demandará resolver estos problemas y, sobre todo, si el Ministerio de Vivienda tiene realmente asegurada la disponibilidad de los terrenos antes de seguir anunciando nuevos plazos para la PTAR II.