La Mirada Jurídica
Por: Dra. Anshella Díaz Macedo / AbogadaDocente Universitaria
Los hechos más graves rara vez comienzan siendo graves. Antes suele existir una burla que nadie detuvo, una humillación que fue llamada “broma”, una conducta que se normalizó, una señal que alguien decidió minimizar o un silencio que terminó protegiendo a quien no debía. Por ello, lo ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise no puede analizarse únicamente desde el hecho que hoy se encuentra bajo investigación. Por eso, me pregunto cómo estaremos en Áncash.
El 15 de septiembre, un estudiante de 16 años habría sido víctima de una agresión sexual en circunstancias que involucran a otros adolescentes de la institución educativa. El Tercer Juzgado de Familia de Lima dispuso posteriormente cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados. Es indispensable precisar que esta medida es cautelar y no constituye una declaración de culpabilidad: corresponde al proceso determinar responsabilidades con respeto irrestricto del debido proceso. Pero mientras la justicia investiga qué ocurrió y quiénes participaron, como sociedad debemos plantearnos otra pregunta: ¿Qué ocurrió antes?
Porque cuando un hecho de semejante gravedad sucede dentro de una comunidad educativa, la responsabilidad de analizarlo no termina identificando a sus autores. También debemos preguntarnos si existieron señales previas, si fueron detectadas, si los mecanismos de prevención funcionaron y si los adultos responsables del entorno escolar hicieron todo aquello que jurídicamente les correspondía. Una institución educativa no solamente enseña matemáticas, comunicación o historia. Durante las horas en que recibe a nuestros hijos, asume también un especial deber de cuidado y protección de su integridad física, psicológica y sexual. Ese deber no es una aspiración moral, es una obligación jurídica.
La Ley N.° 29719 establece mecanismos para prevenir y enfrentar la violencia entre estudiantes. A ello se suman los protocolos del Ministerio de Educación, que obligan a actuar frente a situaciones de violencia y a proteger al estudiante evitando además su revictimización. Y precisamente después de conocerse este caso, el Ejecutivo dispuso mediante el Decreto Supremo N.° 016-2026-MINEDU la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y gobernanza del Liceo Naval hasta diciembre de 2027. La propia norma señala que el sistema SíseVe había identificado una cantidad significativa de casos de violencia física, psicológica y sexual en dicha institución. Ese dato debería obligarnos a reflexionar. No para adelantar responsabilidades que todavía deben investigarse, sino para comprender que prevenir significa actuar antes de que ocurra aquello que después todos lamentamos, y sería un error pensar que este problema pertenece exclusivamente a un colegio de Lima.
Entre enero y agosto de 2026, la plataforma SíseVe registró 11 805 reportes de violencia escolar en el Perú. Más cerca aún, en la jurisdicción de la UGEL Santa se registraron durante ese mismo periodo 255 reportes de violencia escolar: 153 de violencia física, 70 psicológica y 32 de presunta violencia sexual. Son reportes y no responsabilidades judicialmente establecidas, pero las cifras son suficientemente serias como para impedirnos mirar hacia otro lado.
El caso del Liceo Naval, entonces, también debe interpelar a todo el Perú. A nuestros colegios, directores, docentes y padres. Debemos enseñar a nuestros hijos que violentar, humillar o utilizar sexualmente a otra persona nunca puede ser considerado una “broma”. Pero también debemos enseñarles algo igualmente importante: cuando presencien una agresión, pedir ayuda no es delatar, es proteger. Y a los adultos nos corresponde una responsabilidad todavía mayor: escuchar. Escuchar al adolescente que cambia repentinamente de conducta. Al que ya no quiere asistir al colegio. Al que cuenta algo que parece menor. Al compañero que advierte que algo está ocurriendo. Porque muchas tragedias no suceden porque nadie vio nada. Suceden porque alguien vio, alguien escuchó, alguien sospechó y pensó que no era para tanto. La excelencia de un colegio no se mide únicamente por sus notas, sus medallas, su infraestructura o el prestigio de su nombre. También se mide por algo mucho más elemental: que un padre pueda dejar a su hijo en la puerta y tener la certeza de que regresará a casa seguro. Y cuando esa certeza se rompe, la pregunta ya no debe ser solamente qué pasó. La pregunta indispensable es: ¿qué señales dejamos pasar antes de que ocurriera?