La Contraloría ha puesto sobre el tapete una situación que no puede pasar desapercibida: el trabajo del consultor encargado de conducir una etapa fundamental de la PTAR II de Chimbote está acumulando retrasos, observaciones y subsanaciones que terminan postergando el avance de un proyecto esperado durante décadas.
Y aquí hay algo que debe decirse con absoluta claridad. No estamos hablando de una consultoría cualquiera. Se trata de una empresa internacional, Fichtner Water & Transportation, contratada por el Ministerio de Vivienda para la implementación del programa PTAR II, en un proceso que además cuenta con la participación y financiamiento del KfW, el banco de desarrollo alemán.
Por eso resulta legítimo preguntar: ¿cómo es posible que un proyecto de esta magnitud siga entrampado en observaciones que se prolongan durante meses?
El informe de la Contraloría identifica demoras tanto del consultor implementador como del propio Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU). Fichtner no levantó oportunamente las observaciones formuladas a sus entregables, pero tampoco el PNSU ha cumplido siempre con revisar y comunicar sus observaciones dentro de los plazos correspondientes. El resultado es el mismo: el Servicio 3 continúa retrasado y se pone en riesgo el inicio del procedimiento para contratar el expediente técnico y la ejecución de la obra.
Pero el asunto se vuelve todavía más preocupante cuando se revisa el informe del propio PNSU sobre el saneamiento físico-legal de los terrenos.
A julio de 2026, ninguno de los predios requeridos para los principales componentes de la PTAR II había alcanzado el saneamiento correspondiente. El propio PNSU señala, además, que las gestiones comenzaron con retrasos superiores a seis meses respecto del cronograma previsto. En algunos casos, los trámites se iniciaron hasta 205 días después de la fecha programada.
Y no se trata solamente de una demora administrativa.
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales encontró superposiciones de los terrenos con predios estatales, comunidades, humedales, carreteras, partidas registrales e incluso una concesión minera. En el caso de la PTAR Península, por ejemplo, aparecen afectaciones relacionadas con el Humedal Costero Villa María. En otros componentes existen problemas de titularidad y áreas que ni siquiera cuentan con inscripción registral.
Entonces surge una pregunta que las autoridades deben responder y no evadir: ¿cómo se puede seguir hablando de cronogramas de ejecución si todavía existen problemas para disponer legal y físicamente de los terrenos donde se construirán los componentes de la planta?
La normativa de inversiones citada por el propio PNSU es clara al establecer la necesidad de verificar el saneamiento físico-legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del terreno antes de avanzar hacia la elaboración del expediente técnico y garantizar la ejecución de la inversión.
Aquí no basta con producir informes, levantar observaciones y volver a programar fechas.
Chimbote y Nuevo Chimbote llevan demasiados años esperando una solución al problema de sus aguas residuales. Mientras tanto, los documentos avanzan lentamente de una oficina a otra y las aguas residuales siguen teniendo como destino final un ecosistema que necesita una solución urgente.
La presencia del KfW, la participación de una empresa internacional y el volumen de recursos comprometidos deberían significar mayores estándares de planificación, control y cumplimiento, no una justificación para que las responsabilidades se diluyan entre consultores y entidades públicas.
La Contraloría ya hizo su trabajo al advertir el riesgo. El PNSU, con su propio informe, ha revelado que el problema es todavía más profundo.
Ahora corresponde al Ministerio de Vivienda asumir el liderazgo que este proyecto necesita y decirle a la población, con documentos y fechas concretas, qué se va a corregir, quién será responsable, qué penalidades se aplicarán y, sobre todo, cuándo estarán realmente disponibles los terrenos y cuándo comenzará la contratación de la obra.