Por: Walter Miguel Quito Revello
La muerte de “La China Polo” nos obliga también a mirar un problema que muchas veces preferimos no discutir. Ya no estamos en los años 90. En aquella época, el país conoció graves denuncias sobre grupos de ejecución clandestinos vinculados al aparato estatal. Hoy el escenario criminal es diferente.
Ahora existe un fenómeno mucho más extendido: “El sicariato por encargo”. Un sicario puede ser contratado por una organización criminal, por un empresario, por una banda rival o por cualquier persona que tenga dinero y la voluntad de eliminar a alguien. Pero justamente por eso debemos formular una pregunta todavía más incómoda: ¿Qué ocurriría si una estructura criminal utilizara sicarios para eliminar a una persona por encargo de alguien que tiene poder o acceso a las instituciones del Estado? No estoy afirmando que eso haya ocurrido en el caso de China Polo.
Estoy diciendo que debe investigarse. Porque ella no murió en circunstancias completamente desconocidas. Nueve días antes de su asesinato, denunció públicamente que estaba siendo amenazada y señaló directamente al general PNP Víctor Revoredo, afirmando que él habría ordenado un atentado contra su vida. También dijo haber recibido llamadas provenientes de tres establecimientos penitenciarios y que había comunicado las amenazas a las autoridades. Después, el 19 de septiembre, fue asesinada a balazos en Caraz.
La Policía capturó a un presunto autor material. Pero aquí comienza la verdadera investigación. ¿Quién lo contrató? Porque un sicario no necesariamente actúa por iniciativa propia. ¿Quién lo contactó?, ¿Quién le pagó?, ¿Quién le proporcionó información sobre la víctima?, ¿Quién conocía sus movimientos?, ¿De dónde salió el arma?, ¿Quién coordinó la fuga?, ¿Existieron comunicaciones previas?, ¿Y existe alguna relación entre las amenazas que China Polo denunció y el ataque que finalmente terminó con su vida? Estas preguntas no son teorías conspirativas. Son preguntas elementales de una investigación criminal cuando existe una denuncia previa de amenazas y posteriormente se produce el asesinato.
Y hay algo más. Si la investigación llegara a encontrar que detrás del crimen existió una organización privada, debe llegarse hasta sus integrantes. Si encontrara que existió una estructura criminal, debe identificarse a quienes la dirigían. Y si, eventualmente, aparecieran funcionarios públicos involucrados, la investigación debe llegar hasta ellos, sin importar su rango. Porque el Estado no puede ser utilizado para cometer aquello que tiene el deber de combatir. No podemos volver a los tiempos en que el poder podía convertirse en una herramienta clandestina de eliminación de personas.
Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante la posibilidad de que, en el Perú de hoy, las organizaciones criminales hayan alcanzado niveles de infiltración que permitan utilizar sicarios para ejecutar órdenes de quienes permanecen en las sombras. La captura del gatillero es importante. Pero el gatillero es solamente el último eslabón.
El verdadero desafío de la justicia consiste en reconstruir toda la cadena. Autor material, intermediario, financista, coordinador, autor intelectual. Y si existe una conexión con alguna institución del Estado, debe ser descubierta. Porque una democracia no se defiende solamente capturando delincuentes en las calles.
También se defiende impidiendo que el crimen penetre en las instituciones. La muerte de China Polo no puede convertirse simplemente en una estadística más del sicariato. Debe convertirse en una oportunidad para demostrar que, en el Perú, nadie está por encima de la ley y nadie puede ordenar una muerte desde las sombras y permanecer impune. No basta con saber quién disparó. Hay que saber quién estuvo detrás.