Durante años se ha repetido que la educación debe formar ciudadanos, inculcar valores y enseñar a convivir. Sin embargo, algo ha fallado cuando dentro de una institución educativa se producen hechos de violencia física, acoso o violencia sexual y la respuesta termina siendo insuficiente, tardía o, peor aún, incapaz de proteger adecuadamente a quien fue agredido.
El reciente anuncio del ministro de Educación, José Antonio Chang, sobre la modificación de la normativa para permitir eventualmente la expulsión de escolares que cometan actos graves, coloca nuevamente sobre la mesa un debate que el sistema educativo peruano ha venido postergando. Y es un debate necesario: ¿hasta dónde deben llegar los derechos del agresor cuando están en juego la integridad y la seguridad de los demás estudiantes?
La Ley 29719, promulgada el 25 de junio de 2011, tuvo como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y el acoso entre alumnos. Posteriormente, el Decreto Supremo 004-2018-MINEDU estableció los lineamientos para la convivencia escolar, prevención y atención de la violencia contra niños y adolescentes, bajo un enfoque de protección, medidas correctivas y formación.
El problema es que, en la práctica, este modelo puede terminar siendo interpretado como una obligación de mantener dentro del mismo entorno educativo al estudiante agresor, incluso cuando la gravedad de sus actos compromete la seguridad de otros escolares.
No se trata de promover castigos arbitrarios ni de desconocer el derecho a la educación. Tampoco de convertir la escuela en una institución sancionadora antes que formadora. Pero tampoco podemos caer en el extremo contrario: confundir inclusión con impunidad, formación con permisividad o derechos con ausencia de consecuencias.
El propio Minedu sostuvo en 2022 que la expulsión de estudiantes involucrados como agresores en casos de bullying contravenía la ley y planteó medidas correctivas de carácter reparador y formativo. La pregunta que corresponde hacerse ahora es si ese enfoque resulta suficiente frente a hechos extremadamente graves, especialmente cuando existe riesgo de que la víctima vuelva a encontrarse con su agresor.
Porque la prioridad debe ser clara: primero se protege a la víctima.
Y eso no significa únicamente acompañarla psicológicamente o registrar el caso en el SíseVe. Significa garantizar que no vuelva a ser expuesta a la violencia, que las denuncias sean investigadas oportunamente y que quien incurrió en una conducta grave enfrente consecuencias proporcionales, dentro del debido proceso.
Lo ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise, según las denuncias a las que se ha referido el ministro, debería servir para revisar mucho más que una norma. Debería obligar a revisar la cultura de autoridad en nuestras escuelas.
Una institución educativa sin autoridad pierde capacidad para educar. Un profesor que no puede hacer respetar las normas pierde una herramienta fundamental. Y un director que no tiene mecanismos eficaces para enfrentar conductas graves queda prácticamente desarmado.
La disciplina no es enemiga de los derechos. La autoridad tampoco es autoritarismo. Una escuela democrática necesita reglas claras, consecuencias claras y adultos capaces de hacerlas cumplir.
Si el Gobierno pretende modificar la normativa, deberá hacerlo con extremo cuidado, diferenciando una falta disciplinaria de un acto de violencia grave y garantizando el debido proceso. Pero debe hacerlo.
Porque educar también significa enseñar que nuestros actos tienen consecuencias. Y cuando esas consecuencias están relacionadas con violencia grave contra otro estudiante, el sistema no puede limitarse a pedir reflexión mientras la víctima carga con las consecuencias.
La escuela debe volver a ser un espacio seguro. Y para conseguirlo, además de conocimientos, necesita algo que nunca debió perder: autoridad, disciplina y respeto.