La Contraloría General de la República ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales que correspondan contra cinco exfuncionarios de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., luego de detectar presuntas responsabilidades en las irregularidades cometidas durante la elaboración del expediente técnico, contratación y ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable vinculada al Reservorio R-IV, ubicado en el sector Monte Chimbote.
La recomendación está contenida en el Informe de Auditoría N.° 013-2026-2-4164-AC, correspondiente a una auditoría de cumplimiento realizada por el Órgano de Control Institucional de SEDACHIMBOTE, cuyo periodo de revisión comprendió las operaciones efectuadas entre el 30 de octubre de 2023 y el 12 de setiembre de 2024. El informe fue aprobado el 1 de setiembre de 2026.
La obra auditada corresponde al proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano en la instalación de la línea de impulsión del pozo tubular N.° 4 al reservorio R-IV, en el sector Monte Chimbote del distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash”.
Según el órgano de control, funcionarios de la entidad elaboraron y aprobaron un expediente técnico que contenía partidas con exceso de metrados y sin sustento suficiente. Asimismo, durante el proceso de contratación se formularon requerimientos y bases con requisitos que, limitaron la libre concurrencia y competencia de los postores.
La auditoría también estableció que posteriormente se otorgó la buena pro a un postor que, según las conclusiones del informe, no cumplía con todos los requisitos de calificación establecidos para la contratación.
El problema no habría quedado únicamente en la etapa de selección. Durante la ejecución de la obra, funcionarios de SEDACHIMBOTE otorgaron conformidad y tramitaron el pago de valorizaciones correspondientes al componente denominado “Reservorio”, pese a que la construcción no habría cumplido las especificaciones técnicas establecidas en el expediente.
La Contraloría determinó que la estructura presentó deficiencias relacionadas con la resistencia del concreto y filtraciones de agua, situación que comprometió su funcionamiento y generó que el componente se encuentre inutilizable.
El perjuicio económico determinado por la auditoría asciende a S/ 485 368,31, además de la afectación a la finalidad pública de la obra y a la población beneficiaria.
LOS CINCO EXFUNCIONARIOS
El informe identifica a cinco personas comprendidas en los hechos observados y señala la existencia de presunta responsabilidad penal:
Manuel Alejandro Ascón Escudero, quien se desempeñó como jefe de Ingeniería y Proyectos y también como presidente del comité de selección. Alejandro Quirino Huaccha Quiroz, gerente técnico e inspector de la obra. Ángel Willian Escobedo Cruz, miembro suplente del comité de selección. Daniel Ernesto Reaño Vidal, miembro titular del comité de selección y Diana Yurisel Gonzales Flores, jefa de Logística y Control Patrimonial y miembro titular del comité de selección.
La auditoría reconstruye, distintas actuaciones administrativas que comprometen a funcionarios de las áreas de Ingeniería y Proyectos, Gerencia Técnica y Logística, entre otras dependencias.
Uno de los aspectos cuestionados está relacionado con el proceso de selección para contratar la ejecución de la obra, mediante la Adjudicación Simplificada N.° 024-2023-SEDACHIMBOTE S.A. La Contraloría sostiene que las bases incorporaron requisitos específicos de experiencia que restringieron la participación de postores.
También se observó el proceso de contratación del servicio de supervisión de la obra, donde el comité de selección habría descalificado a determinados postores bajo argumentos que la comisión auditora consideró incongruentes, mientras que posteriormente se otorgó la buena pro.
La situación adquiere mayor gravedad cuando la auditoría revisa la ejecución física. El componente Reservorio fue pagado pese a que, según la inspección y documentación revisada, la construcción presentaba problemas que comprometían su funcionamiento.
La Contraloría señala que las deficiencias detectadas terminaron afectando directamente el objetivo de la obra: mejorar el servicio de agua potable para la población de Chimbote.
CONTRALORÍA PIDE ACCIONES PENALES
Ante estos hechos, el órgano de control recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los funcionarios comprendidos en la observación, con la finalidad de que se determinen las responsabilidades que correspondan.
La recomendación no constituye una sentencia ni determina responsabilidad penal definitiva. Corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial, dentro de sus respectivas competencias, establecer si existen delitos y responsabilidades individuales.
El informe también recomienda a SEDACHIMBOTE adoptar medidas para superar las deficiencias encontradas y establecer mecanismos internos que regulen adecuadamente los procesos de ejecución y liquidación de obras.
La auditoría encontró, además, que la empresa no contaba con directivas internas específicas para regular los procesos de ejecución y liquidación de obras, situación que generaba riesgos respecto de la identificación de responsabilidades y el adecuado control de los proyectos.
El caso del Reservorio IV vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de los recursos destinados a garantizar un servicio esencial como el agua potable. Una obra financiada con recursos públicos no solamente debe ser contratada conforme a la ley, sino que debe cumplir su finalidad y entregar infraestructura funcional y segura a los usuarios.
Ahora corresponde que la Procuraduría evalúe y ejecute la recomendación de la Contraloría, mientras que las autoridades competentes deberán determinar las responsabilidades que correspondan. Lo que no puede ocurrir es que un reservorio construido con dinero público termine inutilizado y que el costo de las decisiones administrativas recaiga finalmente sobre los usuarios de SEDACHIMBOTE.