Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Keiko Fujimori escogió la Asamblea General de las Naciones Unidas para lanzar uno de los mensajes más contundentes de sus primeros dos meses de gobierno: el Perú enfrenta una nueva forma de guerra.
No una guerra convencional, sino aquella impuesta por organizaciones criminales transnacionales que utilizan el miedo, la extorsión, el asesinato, el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas para someter a la población.
Y fue todavía más lejos: “Estas organizaciones son grupos terroristas”, afirmó ante la ONU, señalando que deben ser enfrentadas como enemigos del Estado democrático. La presidenta anunció además que el Perú perseguirá al crimen desde quien ejecuta el delito hasta la estructura que lo sostiene y lanzó una definición política inequívoca: “No vamos a retroceder”.
No son palabras menores. Constituyen una definición sobre cómo pretende enfrentar su Gobierno a organizaciones que durante años fueron expandiendo su poder mientras el Estado perdía terreno.
Y esa posición no comenzó en Nueva York.
El Perú acaba de incorporarse al Escudo de las Américas, iniciativa internacional impulsada por Estados Unidos para enfrentar conjuntamente al crimen organizado transnacional. Fujimori anunció la decisión el 10 de septiembre junto al secretario de Estado Marco Rubio y sostuvo que, si el Perú pudo derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA, ahora necesita unir esfuerzos con otros países frente a una criminalidad que ya no reconoce fronteras.
Días después, ante Donald Trump y los integrantes del Escudo reunidos en Nueva York, reafirmó que el Perú ingresaba a esta alianza “con gran determinación y gran entusiasmo”.
La firmeza del discurso obliga a mirar los hechos.
Durante las últimas semanas se intenta instalar la narrativa de que el Gobierno no está haciendo nada contra la delincuencia. Sin embargo, desde que asumió funciones el 28 de julio, nuestro seguimiento registra 50 acciones gubernamentales directamente relacionadas con la lucha contra la criminalidad.
En menos de dos meses se ha actuado sobre crimen organizado, inteligencia, control territorial, penales, migraciones, fronteras, minería ilegal, tecnología, armas y cooperación internacional.
Se han realizado operaciones contra bandas criminales, capturas, expulsiones de extranjeros y megaoperativos contra la trata de personas.
Con el estado de emergencia en Lima y Callao se dispuso integrar inteligencia policial, militar, penitenciaria y financiera; utilizar drones, videovigilancia, sistemas satelitales y reconocimiento facial; intensificar operaciones contra economías ilegales y fortalecer el control territorial.
También se ha comenzado a entrar donde durante demasiado tiempo el Estado perdió autoridad: las cárceles. Control exterior de penales, drones, incautación de celulares, chips y armas, traslado de internos de riesgo y acciones contra las comunicaciones utilizadas para delinquir forman parte de las medidas adoptadas.
La ofensiva se ha extendido además a Pisco y San Andrés, Tumbes y Zarumilla, Trujillo, Virú y Chepén, el VRAEM y Alto Nanay.
Y el frente internacional comienza a adquirir especial importancia: cooperación PNP-FBI, articulación con FBI, HSI, DEA y DSS, control migratorio integrado, gestiones para acceder a sistemas ABIS y AFIS y, ahora, la incorporación al Escudo de las Américas.
Por supuesto que se puede exigir más. La magnitud de la criminalidad obliga precisamente a hacerlo. Pero exigir más es muy diferente a afirmar que no se está haciendo nada.
Los datos muestran a un Gobierno que, en menos de dos meses, ha comenzado a mover simultáneamente policías, inteligencia, penales, fronteras, migraciones, tecnología, cooperación internacional y herramientas legales contra el crimen.
Los efectos de algunas de estas medidas comienzan a observarse en penales y capturas. Los resultados definitivos tendrán que verse más adelante. Un mal que se incubó durante años, frente a respuestas insuficientes de sucesivos gobiernos, no puede desaparecer en dos meses.
Pero algo sí puede establecerse desde ahora: hay una decisión política explícita y hay acciones concretas detrás de ella.
Keiko Fujimori lo resumió ante el mundo: “No vamos a retroceder”.
De la narrativa a los hechos.