El informe de la Contraloría sobre la obra del Reservorio IV de SEDACHIMBOTE deja una pregunta que no puede ser ignorada: ¿cómo es posible que una obra destinada a mejorar el servicio de agua potable termine inutilizada después de haberse pagado por su ejecución?
No estamos hablando de una simple demora administrativa ni de una diferencia de criterios entre funcionarios. El órgano de control ha encontrado una cadena de hechos que comienza con un expediente técnico deficiente, continúa con requisitos que habrían restringido la participación de postores y termina con pagos por un componente que presenta filtraciones y problemas de resistencia del concreto.
El perjuicio económico determinado asciende a S/ 485 368,31. Pero el problema no termina en esa cifra.
Porque detrás de ese monto está la población que esperaba una obra para mejorar el abastecimiento de agua. Está el dinero de una empresa pública que debía ser utilizado con eficiencia. Y está, sobre todo, una infraestructura que debía cumplir una función esencial y que, según la auditoría, terminó inutilizable.
La Contraloría ha identificado a cinco exfuncionarios y ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales que correspondan. Ellos son Manuel Alejandro Ascón Escudero, Alejandro Quirino Huaccha Quiroz, Ángel Willian Escobedo Cruz, Daniel Ernesto Reaño Vidal y Diana Yurisel Gonzales Flores.
Es importante precisar que una recomendación de la Contraloría no equivale a una condena. La responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes. Pero precisamente por eso la recomendación no puede quedar archivada en algún escritorio.
Tiene que investigarse.
Tiene que establecerse quién hizo qué, quién aprobó qué y quién permitió que se pagara por trabajos que no cumplían las condiciones técnicas exigidas.
Porque si existen responsabilidades, estas no pueden diluirse en la burocracia ni desaparecer cuando los funcionarios dejan sus cargos.
Lo más preocupante es que la propia auditoría encontró deficiencias de control interno en SEDACHIMBOTE. La empresa no contaba con directivas internas específicas para regular adecuadamente la ejecución y liquidación de obras.
Eso significa que no basta con investigar este caso. También hay que corregir el sistema que permitió que ocurriera.
El agua potable no admite improvisaciones. Mucho menos cuando se trata de inversiones públicas destinadas a cerrar brechas que durante años afectan a miles de familias.
La Contraloría ya hizo su parte al identificar los hechos observados y formular recomendaciones. Ahora corresponde a la Procuraduría, al Ministerio Público y, de ser el caso, al Poder Judicial actuar dentro de sus competencias.
Y a SEDACHIMBOTE le corresponde mirar hacia adentro.
Una empresa que administra un servicio esencial no puede acostumbrarse a que las obras tengan problemas después de ser pagadas. Cada sol mal utilizado representa menos recursos para atender las enormes necesidades de la población.
El Reservorio IV debe convertirse en un caso que obligue a revisar procedimientos, responsabilidades y controles.
Porque lo que está en juego no es solamente una obra mal ejecutada.
Está en juego la confianza de la población en quienes administran sus recursos y un servicio tan esencial como el agua.