Por: FERNANDO VALDIVIA CORREA.
El 7 de marzo pasado, la ciudad de Miami recibió a doce mandatarios latinoamericanos convocados por su homólogo norteamericano, Donald Trump, para adherirse a la denominada cumbre del “Escudo de las Américas”, que es una alianza internacional estratégica cuyo plan de trabajo prioritario es la desarticulación de redes delictivas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, organizaciones narcoterroristas y trata de personas.
Transcurridos cinco meses, y previo a su arribo a nuestro país procedente de Ecuador y días antes de Colombia, Marco Rubio, Secretario de Estado de los EEUU, anunció la incorporación del Perú a esta alianza regional, sumándose a las naciones conformantes: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Y, recientemente en Nueva York, como ponente en la 81° Asamblea de la Naciones Unidas, la Presidente Keiko Fujimori declaró “vengo de un país que conoce el alto precio de la paz. Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue trasgredido”. Y razón la tiene, pues a la fecha aproximadamente seiscientos, entre policías y militares, todos en situación de retiro, y la mayoría octogenarios, siguen siendo forzados a acudir a declarar ante la fiscalía o el poder judicial por presuntos delitos considerados como de “lesa humanidad”, negándose casi sistemáticamente la administración de justicia de aplicar la prescripción de la acción penal, y más específicamente la comentada Ley N° 32107, vigente desde el 10 de agosto de 2024, cuyo objeto es “precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la nuestra legislación, considerando la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, la misma que fue validada por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en los Expedientes N° 9-2024-PI/TC y N° 23-2024-PI/TC, al no haberse alcanzado el quórum reglamentario, de acuerdo a lo signado en el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
Sin embargo, fue precisamente esta alocución de Fujimori Higuchi que resaltó la ira incontrolable de Janet Tello, a la sazón Titular del Poder Judicial, resaltando que “hizo afirmaciones que no las puedo permitir (…). Las rechazo totalmente”, requiriéndole además, rectificar. Raudamente, Ernesto Álvarez salió al paso a defender al gobierno. El ministro de Justicia manifestó que “Militares, aviadores, marinos, policías (…) están investigados y siempre en vilo, siempre pensando en que pueden ser conducidos a una prisión por hechos que se supone cometieron defendiendo al país hace muchísimos años”. Luego, aún desde la ciudad de los rascacielos, Keiko precisó “con absoluto respeto a la independencia de poderes, pero esa independencia no significa callar, no significa perder la oportunidad de hacer una crítica a lo que ha sido el desempeño del pasado”. Fuerte y claro.
Por su parte, el analista político Jaime De Althaus, para el Diario El Comercio, dijo contundentemente “(…). ¿Militares y policías juzgados hace más de 30 años no es un abuso? ¿No es violar el debido proceso? ¿No se ha violado la prescripción del delito? Criticar al otro Poder no es atentar contra la división de poderes. La crítica es democrática. De otro lado Janet Tello hasta ahora no reconoce y no pide perdón por la politización de la justicia que llevó a la cárcel injustamente a muchos líderes políticos, que criminalizó las donaciones, las organizaciones políticas. Eso se convirtió en persecución política, algo inaceptable en una democracia”. En esa misma línea, el periodista Aldo Mariátegui, para el Diario Peru21, escribió “Janet Tello es una autoridad que carece absolutamente del menor sentido de la autocrítica (…) una caviar ultrasensible (…) la libertad de expresión existe en decirle a los demás lo que no les gusta (…) efectivamente el Poder Judicial sigue procesando a uniformados a pesar de las décadas pasadas y de las leyes expresas que cortan estos juicios (….) sea agradecida con las fuerzas del orden que acabaron con una terrorismo que atemorizó y mató a muchos jueces”.
Paralelamente, Tello pretendió respaldarse con el pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema; no obstante, según recoge el Diario Expreso solo 5 de los 19 Jueces Supremos la apoyaron (incluyendo su propio voto). Premio consuelo, los Presidentes de las Cortes Superiores sí la auparon. Obvio, el presupuesto otorgado (que incluyen pasajes, viáticos, cursos de capacitación, contratación de personal y locadores, alquiler de locales, etc.) viene del despacho de Tello.
Pero no seamos tan ingenuos en creer que esta animadversión hacia Keiko es en defensa de la judicatura. No, Tello tiene sangre caviar. Recordemos que el 21 de mayo de 2018, fue condecorada con la “Orden al Mérito de la Mujer” por el entonces mandatario Martín Vizcarra. Debió abstenerse de acudir a la ceremonia, así como de recibir este reconocimiento. No fue así, toda vez que lució orgullosa con el diploma, posando sonriente al lado del hoy condenado por corrupción.