La última sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) se realizó en Casma y, una vez más, las autoridades volvieron a sentarse alrededor de una mesa para hablar de uno de los problemas que más preocupa a los ancashinos: la inseguridad ciudadana.
Pero esta vez hay una pregunta que ya no puede seguir postergándose: ¿qué resultados concretos han producido todas esas reuniones, acuerdos, compromisos y planes?
Porque mientras las autoridades deliberan, la delincuencia no se reúne en mesas de trabajo. Actúa en las calles, extorsiona, asalta, amenaza y mata. Y frente a esa realidad, la población espera mucho más que diagnósticos, discursos o compromisos que terminan archivados cuando concluye la sesión.
En esta responsabilidad están comprometidos todos: el Gobierno Regional de Áncash, las municipalidades provinciales y distritales, la Policía Nacional, el Ministerio Público y las demás instituciones que integran los mecanismos de seguridad ciudadana. Cada una tiene competencias y responsabilidades, pero la población no tiene por qué soportar que entre ellas se culpen unas a otras cuando los resultados no aparecen.
El Gobierno Regional tiene, además, una responsabilidad que no puede minimizarse. En el año 2025 adquirió cien patrulleros para reforzar la seguridad en Áncash. Fue una inversión importante y necesaria, pero un vehículo policial, por sí solo, no constituye una política de seguridad. Se necesitan policías, combustible, mantenimiento, inteligencia, prevención, coordinación, capacidad de reacción y, sobre todo, una estrategia sostenida que permita enfrentar a una delincuencia que ha cambiado sus métodos y que ya no reconoce fronteras provinciales.
Y aquí aparece otro asunto fundamental: todas estas autoridades se van el 31 de diciembre. Terminan los gobiernos locales, termina la actual administración regional y vendrán nuevas autoridades. ¿Qué quedará entonces?
¿Habrá una política regional de seguridad que trascienda a las personas? ¿Existirá un sistema de coordinación que funcione independientemente de quién sea gobernador, alcalde o jefe policial? ¿Se habrá fortalecido realmente la capacidad operativa de las municipalidades? ¿Los cien patrulleros estarán operativos y cumpliendo la función para la cual fueron adquiridos? ¿Habrá información, inteligencia y protocolos que puedan ser continuados por las próximas gestiones?
Estas son las preguntas que deberían responderse antes de que termine el año.
No podemos permitir que cada administración empiece nuevamente desde cero, anunciando nuevos planes y haciendo nuevos diagnósticos. La seguridad ciudadana requiere continuidad. Lo que funciona debe mantenerse, lo que no funciona debe corregirse y aquello que nunca se ejecutó debe ser explicado.
La sesión del CORESEC en Casma puede ser importante si de ella salen acciones concretas, responsables identificables, plazos y mecanismos de seguimiento. De lo contrario, será simplemente otra reunión registrada en un acta.
La ciudadanía no necesita que las autoridades demuestren que conocen el problema. Eso ya lo sabemos todos. Lo que exige es que demuestren que pueden enfrentarlo.
A pocos meses del cambio de autoridades, el reto no es anunciar más acciones, sino dejar una política de seguridad que pueda ser evaluada, continuada y mejorada por quienes asumirán el gobierno el próximo año.
Porque si después de tantos años de reuniones, presupuestos y anuncios seguimos preguntándonos cómo frenar la inseguridad, entonces también tendremos que preguntarnos qué hicieron realmente nuestras autoridades mientras estuvieron en el poder.
Y esa cuenta, al final del año, tendrá que rendirse ante la población.