Entramos en la recta final del proceso electoral para elegir a nuestros próximos gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. A pocos días de acudir a las urnas, el país ingresa en una etapa particularmente sensible: ya no hay espacio para discursos interminables ni para promesas de última hora. Es momento de que los ciudadanos evalúen, con serenidad, qué ofrecen los candidatos y qué tan creíbles resultan sus propuestas.
Desde este lunes 28 de septiembre rigen restricciones propias de la etapa final del proceso electoral. Entre ellas, la prohibición de publicar o difundir encuestas de intención de voto. Desde el viernes 2 estarán prohibidas las reuniones y manifestaciones políticas; y desde el sábado 3 quedará suspendida la propaganda electoral y comenzará la llamada ley seca.
Son reglas conocidas y forman parte del marco destinado a garantizar condiciones de igualdad y orden durante los últimos días de campaña. Corresponde a los organismos electorales fiscalizar su cumplimiento, pero también corresponde a las organizaciones políticas y a los candidatos respetarlas sin buscar resquicios para prolongar una campaña que oficialmente entra en su etapa de cierre.
La ausencia de encuestas durante esta última semana tiene, además, una particular consecuencia: obliga a los electores a mirar más allá de los números y de las supuestas tendencias electorales. Durante meses hemos visto sondeos, pronósticos, declaraciones de dirigentes y campañas cuidadosamente diseñadas para transmitir la impresión de que determinados candidatos llevan ventaja. Ahora, sin encuestas, cada ciudadano tendrá que tomar su decisión con la información que haya podido recoger durante todo el proceso.
Y esa decisión no debería reducirse a simpatías personales, slogans o ataques contra los adversarios. Una elección regional y municipal define quién administrará recursos públicos, ejecutará obras, conducirá servicios y tomará decisiones que tendrán consecuencias directas sobre la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
En Áncash, además, existe una responsabilidad enorme. Nuestra región dispone de importantes recursos provenientes del canon y cuenta con una larga lista de necesidades pendientes. Hospitales que requieren atención, carreteras que esperan mantenimiento, proyectos de agua y saneamiento que avanzan con lentitud, problemas de seguridad que exigen respuestas y una infraestructura pública que no siempre corresponde con los recursos disponibles.
Por eso, en esta última semana, más que preguntarnos quién aparece primero en una encuesta, deberíamos preguntarnos quién ha explicado con claridad qué piensa hacer, cuánto costará, de dónde saldrán los recursos y cómo garantizará que las obras no terminen convertidas en monumentos a la improvisación.
También es importante recordar que votar no es otorgar un cheque en blanco. Quien resulte elegido tendrá que rendir cuentas y estará sometido al control ciudadano, de los organismos fiscalizadores y de las instituciones correspondientes. La campaña termina, pero la responsabilidad recién comienza.
Esta semana sin encuestas debería ser, entonces, una semana de reflexión. Que el silencio de los sondeos no sea reemplazado por el ruido de la propaganda clandestina, la desinformación o las falsas certezas difundidas en redes sociales.
El domingo, finalmente, hablarán las urnas. Hasta entonces, que cada elector escuche, compare, cuestione y decida libremente. Porque una democracia no se fortalece cuando votamos por quien parece ganar, sino cuando elegimos conociendo las propuestas y asumiendo que, después de la elección, también nos corresponderá fiscalizar a quienes reciban nuestra confianza.