El río Lacramarca sigue siendo noticia, pero lamentablemente no por la seguridad que deberían ofrecer sus defensas ribereñas a la población. La Contraloría General de la República viene encontrando una serie de situaciones que obligan a preguntarnos qué está ocurriendo con la planificación y ejecución de las obras destinadas a proteger a Chimbote y a los sectores ubicados en las márgenes de este importante río.
Hace apenas unos días conocimos las deficiencias advertidas en el talud de la zona de Santa Clemencia. Ahora aparece otro problema, igualmente preocupante: una posible duplicidad de inversiones en el sector Puente Pardo, donde la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) han considerado intervenciones prácticamente sobre el mismo tramo del río.
El informe de la Contraloría es bastante claro. Dos fichas técnicas contemplan las mismas coordenadas, objetivos y trabajos fundamentales: limpieza y descolmatación del cauce, conformación de diques, perfilado de taludes y protección mediante enrocado. La municipalidad ya ejecutó trabajos en ese sector y, sin embargo, el mismo punto vuelve a aparecer dentro de las intervenciones que serán atendidas por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Aquí hay una pregunta que las entidades involucradas deben responder: ¿cómo es posible que una inversión pública ya ejecutada vuelva a ser programada para realizar trabajos similares en el mismo lugar?
No estamos hablando de un detalle administrativo menor. Estamos hablando de recursos públicos. De dinero que pertenece a todos los ciudadanos y que debe ser utilizado con eficiencia, especialmente cuando existen enormes necesidades de infraestructura para enfrentar las inundaciones y proteger a la población.
Si el Estado tiene recursos para intervenir el río Lacramarca, lo mínimo que se puede exigir es que esos recursos sean utilizados donde realmente hacen falta. Si un tramo ya fue atendido, corresponde que la siguiente intervención complemente lo realizado, continúe la defensa en sectores vulnerables o mejore aquello que resulte técnicamente necesario. Lo que no puede ocurrir es que dos entidades lleguen al mismo lugar con fichas distintas y objetivos prácticamente idénticos.
Y este caso resulta todavía más preocupante porque ocurre en un río que ya ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para generar situaciones de emergencia. La amenaza de inundaciones no es una posibilidad abstracta. El Lacramarca atraviesa zonas agrícolas, urbanas y poblaciones que requieren defensas ribereñas correctamente diseñadas, ejecutadas y mantenidas.
Por eso, la advertencia de la Contraloría debe ser tomada con absoluta seriedad. No basta con que la ANA actualice sus fichas técnicas ni con que el PSI revise la posible duplicidad. Hace falta determinar cómo se llegó a esta situación y qué mecanismos de coordinación fallaron entre las entidades responsables.
El Estado no puede funcionar como compartimentos estancos, donde una institución desconoce lo que acaba de hacer otra. Mucho menos cuando ambas intervenciones se financian con dinero de los contribuyentes.
El río Lacramarca necesita obras, sí. Pero necesita obras bien planificadas, técnicamente sustentadas, coordinadas y fiscalizadas. Necesita defensas que realmente protejan y no expedientes que se multipliquen sin resultados.
La Contraloría está haciendo su trabajo al poner la alerta sobre la mesa. Ahora corresponde a la ANA, al PSI, al Midagri y a la Municipalidad Provincial del Santa explicar qué ocurrió y, sobre todo, impedir que se desperdicie un solo sol.
Porque frente al río Lacramarca no necesitamos más burocracia ni más fichas que se cruzan entre sí. Necesitamos una sola cosa: obras que protejan a la población y que cada sol invertido cumpla realmente su propósito.