Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada – Docente Universitaria – Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo
Una de las propuestas más relevantes dentro del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo no está únicamente en seguridad ciudadana. Está en una expresión que puede pasar inadvertida entre decenas de medidas: la intención de impulsar una reforma estructural del Estado en el ámbito del Poder Ejecutivo para mejorar su eficiencia, eficacia y articulación.
La idea parece indiscutible. El Estado peruano necesita modernizarse. La pregunta difícil es otra: ¿puede reformarse realmente por decreto?
El Perú lleva décadas aprobando leyes de modernización, políticas nacionales, sistemas administrativos, reorganizaciones, fusiones, reglamentos y procedimientos. A pesar de ello, el ciudadano continúa encontrando trámites repetitivos, entidades que no comparten información, decisiones que tardan meses y servicios cuya calidad depende demasiado del lugar donde vive.
Esto revela una verdad incómoda: una parte del problema del Estado peruano ya no es la ausencia de normas. Es la distancia entre la norma y la capacidad institucional para cumplirla.
Un decreto legislativo puede modificar estructuras y competencias. Puede eliminar una barrera burocrática. Puede ordenar interoperabilidad o simplificar procedimientos. Pero no puede decretar que un funcionario tenga liderazgo, que una entidad coordine eficazmente con otra o que la meritocracia aparezca automáticamente al día siguiente de la publicación.
Reformar el Estado tampoco significa necesariamente reducirlo. Un Estado puede ser pequeño y profundamente ineficiente, o grande y altamente competente. El debate relevante no es cuántas entidades existen, sino qué función cumple cada una, si existen duplicidades, cuánto cuestan, qué resultados producen y si el ciudadano comprende dónde debe acudir.
La PCM tiene aquí un desafío particularmente importante porque su función de coordinación la coloca en el centro de problemas que atraviesan sectores y niveles de gobierno. Seguridad, inversión, prevención de desastres, transformación digital y simplificación administrativa no pueden resolverse desde ministerios que trabajen como compartimentos estancos.
Si las facultades finalmente permiten modificar aspectos de la organización del Ejecutivo, debería existir una regla política y técnica: ninguna reestructuración sin diagnóstico, ningún cambio de competencia sin evaluación de impacto y ninguna nueva entidad sin justificar por qué las existentes no pueden cumplir esa función.
También necesitamos mirar la alta rotación de funcionarios. Un Estado no puede construir capacidades si cada cambio político reinicia equipos, prioridades y aprendizajes. La reforma estructural debería fortalecer la profesionalización de la dirección pública y proteger la memoria institucional frente a los ciclos políticos.
La transformación digital constituye otro ejemplo. Digitalizar un trámite defectuoso no lo convierte en un buen trámite; únicamente digitaliza su defecto. Antes de automatizar debemos preguntarnos si el procedimiento sigue siendo necesario, si puede eliminarse un requisito o si la información ya existe en otra entidad.
Lo mismo ocurre con la descentralización. Una reforma del Ejecutivo diseñada únicamente desde Lima será incompleta si no considera capacidades reales de gobiernos regionales y locales. La articulación no puede consistir en trasladar responsabilidades sin recursos, información o asistencia técnica.
Por ello, si el Ejecutivo recibe facultades para modernizar el Estado, el resultado no debería medirse por cuántos organigramas cambian. Debería medirse por cuántas decisiones se aceleran, cuántos trámites desaparecen, cuánto mejora la coordinación y cuánto tiempo recupera el ciudadano.
El Congreso tiene la oportunidad de establecer límites precisos y mecanismos de control. El Ejecutivo tiene la oportunidad de demostrar que modernización no significa únicamente producir nuevas normas. Y la ciudadanía tiene derecho a exigir que cualquier reforma pueda ser evaluada.
El Perú ha intentado demasiadas veces reformar el Estado desde el papel. Esta vez debería comenzar desde el problema público.
Porque reformar el Estado no consiste en mover cajas dentro de un organigrama. Consiste en lograr algo mucho más difícil: que, cuando el ciudadano necesite al Estado, el Estado funcione.