¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad para que una niña de apenas 14 años y un adolescente de 17 hayan terminado involucrados en la muerte de una mujer de 58 años? ¿Qué estamos haciendo mal para que la violencia haya llegado a extremos tan espeluznantes y que, además, tenga como protagonistas a menores de edad?
El caso ocurrido en la zona de La Carbonera, en Nuevo Chimbote, no puede ser visto solamente como un expediente judicial ni como una noticia policial más. Detrás de la muerte de esta mujer existe una historia familiar que debería estremecernos: según la investigación, su propia hija habría participado en su muerte porque la madre se oponía a la relación sentimental que mantenía con el adolescente de 17 años.
No hay justificación alguna para un crimen de esta naturaleza. Una discrepancia familiar, una prohibición, una relación sentimental desaprobada o cualquier conflicto entre padres e hijos jamás puede convertirse en argumento para quitar una vida. Y cuando quienes terminan cometiendo semejante atrocidad son dos adolescentes, la pregunta resulta todavía más dolorosa: ¿en qué momento dejaron de comprender el valor de la vida humana?
La justicia para adolescentes tiene reglas distintas a la justicia penal de adultos. La legislación reconoce su condición de menores, busca su rehabilitación y protege sus derechos fundamentales. Por eso, el acuerdo aprobado por el Cuarto Juzgado de Familia de la Corte del Santa debe entenderse dentro de ese marco. Pero que exista un tratamiento jurídico diferenciado no significa que la sociedad deba ser indiferente frente a la gravedad de los hechos.
Cuatro años de internamiento para la adolescente de 14 años y cinco años para el adolescente de 17 años, además de una reparación civil de 2 mil soles para cada uno, son las consecuencias acordadas en esta terminación anticipada. Más allá de la discusión jurídica sobre estas sanciones, queda una enorme interrogante social: ¿qué pasó antes de que estos jóvenes llegaran a ese punto?
Porque ningún adolescente se convierte de un momento a otro en capaz de participar en un homicidio. Hay señales que muchas veces no vemos, familias que no saben cómo afrontar los conflictos, escuelas que detectan problemas, pero no siempre pueden intervenir, y una sociedad que ha terminado normalizando demasiadas expresiones de violencia.
También debemos preguntarnos qué estamos enseñando a nuestros hijos sobre el amor. Una relación sentimental no puede confundirse con posesión, dependencia, desafío o enfrentamiento contra quien piensa diferente. El rechazo de una madre a una relación podrá ser discutible, equivocado o incluso injusto, pero jamás puede resolverse con violencia.
Este crimen debería obligarnos a mirar más allá del titular policial. No basta con sancionar cuando la tragedia ya ocurrió. Necesitamos familias capaces de escuchar, escuelas que detecten conductas de riesgo, autoridades que actúen oportunamente y una sociedad que deje de considerar normales las primeras señales de violencia.
La muerte de una madre en La Carbonera no puede quedar reducida a cuatro o cinco años de internamiento. Una vida se perdió y dos adolescentes quedaron marcados para siempre por una decisión brutal. El verdadero desafío es impedir que otra familia, en Nuevo Chimbote o en cualquier lugar del país, tenga que preguntarse algún día, demasiado tarde, en qué momento dejamos que nuestros hijos aprendieran que matar era una salida.