Opinión

La palta, la coca y la justicia ciega: La verdad silenciada de Colcap

Por : Walter Miguel Quito Revello

Hay silencios que no son casuales; son cómplices. En pleno escenario electoral, mientras los candidatos al Gobierno Regional de Áncash se llenan la boca con promesas de desarrollo y cifras de inversión, ninguno se atreve a pronunciar una sola palabra sobre la tragedia ambiental y social que se incuba en el Valle de Nepeña. Callan por cálculo, por ignorancia o por temor a tocar los intereses de la actividad minera. Mientras tanto, lejos de las luces de la campaña y sin ningún candidato que los represente, los campesinos de Colcap, en las alturas de Cáceres del Perú (Jimbe), se juegan la vida en una batalla brutalmente desigual.

Para entender lo que ocurre en Colcap hay que despojarse de los clichés. Aquí no hay frentes politizados ni comuneros convertidos en miniempresarios que le prestan servicios a las minas con flotas de volquetes. Hablamos de la gente más humilde de nuestra Patria: el agricultor de pantalón rasgado, sombrero ajado y acullico de coca en la mejilla. Hombres y mujeres cuya única riqueza es una parcela diminuta de un cuarto, media o a lo mucho una hectárea de palto. Esas plantas no son un negocio de agroexportación corporativa; son el alimento de sus hijos, la medicina de sus ancianos y la única garantía de no caer en la miseria absoluta.

Sin embargo, ese sustento está amenazado de muerte. La expansión de labores mineras e instalaciones clandestinas en la cabecera de cuenca no solo amenaza con envenenar las aguas con cianuro y metales pesados, sino que apunta directamente a la destrucción de las lagunas prehispánicas en las partes altas de Jimbe. Estas lagunas ancestrales no son simples espejos de agua; son el corazón hídrico que ha mantenido con vida a los valles de Nepeña, Moro y Cáceres del Perú durante siglos.

Destruirlas o contaminarlas equivale a condenar a muerte a toda la cuenca. Ante este drama, la presencia del Estado es una burla trágica. El Gobierno no llega para construir canales, no llega para dar asistencia técnica ni para brindar una salud digna. La única huella del Estado es una posta médica desabastecida y la presencia intimidante de la Policía y el Ministerio Público. Pero no llegan para proteger al campesino; llegan para perseguirlo.

Resulta escandaloso observar la ceguera selectiva de las autoridades. Mientras las denuncias sobre la contaminación con reactivos químicos duermen el sueño de los justos en la Fiscalía Ambiental, la Fiscalía Penal y la Policía de Asuntos Sociales actúan con una rapidez inusitada para criminalizar a la comunidad. ¿Cómo se explica que la justicia ignore la propia declaración del denunciante minero, quien admitió haber enviado una flota de 12 volquetes a la zona de conflicto en el momento de mayor tensión? Enviar camiones a provocar a un pueblo acorralado y desesperado por la supervivencia no es un acto inocente; es generar deliberadamente un riesgo. Sin embargo, para los fiscales y la policía de Cáceres del Perú, esa actitud provativa no merece ni un análisis de responsabilidad civil. Se arrodillan ante el poder del dinero y señalan como único culpable al campesino que alza la voz.

Esta mancha de contaminación y abusos no se detiene en Colcap. Se extiende por todo el distrito, se confirmó con la presencia de plomo y arsénico en las aguas de consumo y el litoral de Samanco, y golpea de manera constante a las comunidades aledañas a la cuenca del río Santa.

Frente a este cerco de impunidad y a la amenaza de que los oportunistas de turno intenten instrumentalizar el dolor de la gente, el camino no es el silencio ni el juego político. La respuesta está en la difusión directa, contundente y transparente a través de las redes sociales y la opinión pública independiente. Hay que mostrar el rostro de los verdaderos afectados, exponer las declaraciones de los denunciantes que la Fiscalía pretende ocultar y desnudar la subordinación de las autoridades ante el capital minero.

Colcap no pide favores; exige el derecho fundamental a existir, a respirar agua limpia y a defender la tierra que le da de comer. Cuando la policía y la fiscalía se  convierten en el brazo de auxilio del dinero, la verdad expuesta ante la sociedad es la única herramienta que le queda al inocente para no ser aplastado.