Por Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada | Docente universitaria | Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo
Hay una escena que se repite en muchas ciudades: una obra se inaugura, se toma la fotografía, se pronuncian los discursos y, durante un tiempo, todo parece estar en orden. Meses o años después, sin embargo, aparecen las preguntas que debieron hacerse desde el inicio: ¿quién se encargará de mantenerla?, ¿con qué presupuesto?, ¿cada cuánto se revisará su estado? y ¿qué ocurrirá cuando necesite una reparación?
La inauguración suele ser el momento más visible de una inversión pública. El mantenimiento, en cambio, transcurre lejos de las cámaras. No siempre produce titulares, pero de él depende que una obra conserve su utilidad. Una vía deteriorada, un parque descuidado, un sistema de agua sin mantenimiento o un establecimiento de salud con equipos fuera de servicio pueden reducir el beneficio de una inversión que costó recursos y esfuerzo a toda la comunidad.
No se trata de restar importancia a la construcción de infraestructura. El Perú necesita cerrar brechas y ampliar el acceso a servicios. La reflexión es otra: una obra no cumple su finalidad únicamente porque fue terminada. La cumple cuando presta el servicio para el que fue concebida, durante el tiempo previsto y con condiciones adecuadas para las personas que la utilizan.
Por eso, el mantenimiento no debería considerarse un gasto secundario que se atiende solo cuando aparece una falla. Debe planificarse como parte del ciclo de inversión. Desde la etapa de formulación del proyecto, la entidad responsable necesita estimar los costos de operación y conservación, identificar quién asumirá esas tareas y establecer cómo se financiarán. De lo contrario, se corre el riesgo de construir activos que luego no pueden sostenerse adecuadamente.
Una medida práctica sería que las entidades publiquen, junto con la información principal de cada obra, un plan sencillo de mantenimiento: responsable, periodicidad de las inspecciones, presupuesto estimado y canal para reportar desperfectos. No hace falta convertirlo en un documento incomprensible. Debe ser información clara, accesible y útil para la ciudadanía.
También convendría distinguir entre el mantenimiento rutinario y las intervenciones mayores. Limpiar drenajes, reparar pequeñas fisuras, revisar instalaciones o conservar áreas verdes puede parecer poco relevante frente a una obra nueva, pero atender a tiempo esos trabajos suele evitar daños más costosos. La prevención no siempre luce espectacular; su valor se aprecia precisamente en los problemas que logra evitar.
Los gobiernos locales y regionales pueden avanzar mediante inventarios actualizados de su infraestructura, calendarios públicos de inspección y criterios transparentes para priorizar las reparaciones. Las universidades y los colegios profesionales, por su parte, pueden contribuir con asistencia técnica y propuestas de gestión. Y los vecinos pueden colaborar reportando problemas, sin que ello signifique trasladarles responsabilidades que corresponden a las entidades públicas.
La continuidad administrativa es otro elemento decisivo. Cuando cambia una gestión, el estado de las obras, los contratos de mantenimiento y las necesidades pendientes deben entregarse de manera ordenada. Una infraestructura pública no pertenece a una administración de turno; es un patrimonio de la comunidad. Cuidarla exige que la información sobreviva a los cambios de autoridades y equipos técnicos.
Por supuesto, toda planificación requiere presupuesto y personal capacitado. No todas las entidades tienen las mismas capacidades, y por eso las soluciones deben adaptarse a la realidad de cada localidad. En municipios pequeños, por ejemplo, puede ser útil compartir asistencia técnica, organizar compras de manera eficiente cuando la normativa lo permita o establecer convenios de cooperación para tareas especializadas.
La calidad de una inversión pública no debería medirse solo por cuánto se gastó o por la fecha en que se inauguró. También importa cuánto dura, qué servicio ofrece y si responde a la necesidad que justificó su ejecución. Incorporar estos criterios ayudaría a tomar mejores decisiones y a explicar a la ciudadanía por qué conservar lo construido es tan importante como seguir construyendo.
El Estado necesita obras nuevas, pero también necesita cuidar las que ya tiene. Inaugurar marca el inicio de una etapa; no es el final de la responsabilidad pública. Cuando el mantenimiento se planifica, se financia y se supervisa, los recursos rinden más y la ciudadanía recibe un beneficio que puede sostenerse en el tiempo. En gestión pública, a veces el mejor resultado no es cortar una cinta, sino lograr que, años después, la obra siga funcionando como el primer día.