Hay una forma de condenar a un pueblo al atraso sin quitarle un solo sol de su presupuesto: dejar que los recursos públicos permanezcan sin ejecutarse mientras sus habitantes siguen esperando carreteras, agua potable, saneamiento, seguridad y servicios básicos. Eso es precisamente lo que revela la situación de doce municipalidades distritales de Áncash que, al cierre de septiembre de 2026, registran menos del 10% de ejecución presupuestal.
El dato es escandaloso. Han transcurrido nueve meses del año fiscal, queda apenas un trimestre para cerrar el ejercicio y existen municipalidades que prácticamente no han comenzado a gastar los recursos disponibles para atender las necesidades de sus poblaciones. Siete no alcanzan siquiera el 5% y Colcabamba, en la provincia de Huaraz, registra un preocupante 0%.
¿Con qué argumentos pueden explicar sus autoridades semejante inacción? ¿Cómo justifican ante sus vecinos que, mientras las necesidades se acumulan y las brechas de infraestructura siguen abiertas, el dinero destinado a inversiones permanece inmovilizado?
Los casos de Cotaparaco, Alfonso Ugarte, La Pampa, La Libertad, San Miguel de Corpanqui, Llipa, Malvas, Fidel Olivas, Huayán, Shupluy y Cajamarquilla también merecen una explicación pública. No basta con presentar balances, enumerar dificultades administrativas o atribuir las demoras a la burocracia estatal. Gobernar significa resolver problemas, gestionar proyectos y convertir el presupuesto en obras útiles para la ciudadanía.
Es cierto que una baja ejecución no demuestra, por sí sola, corrupción ni permite atribuir idénticas responsabilidades a todas las autoridades. Cada municipalidad tiene sus propias condiciones, dificultades técnicas y procedimientos. Pero esa precisión no puede convertirse en una excusa para la indiferencia. Cuando el avance presupuestal es tan reducido después de tres trimestres, la obligación de explicar y corregir se vuelve impostergable.
El problema es todavía más grave cuando se trata de inversiones públicas. Los recursos que no se ejecutan oportunamente representan caminos que no se rehabilitan, sistemas de agua que no se construyen, locales públicos que no se mejoran y servicios que continúan postergados. En las zonas rurales, donde las brechas sociales son profundas, cada año perdido puede significar más aislamiento y menos oportunidades.
Tampoco podemos aceptar que noviembre y diciembre se conviertan en una carrera desesperada por elevar los porcentajes. Gastar apresuradamente para maquillar resultados puede abrir la puerta a contrataciones deficientes, obras de mala calidad y decisiones improvisadas. La buena gestión no consiste en gastar por gastar, sino en planificar, ejecutar y entregar resultados.
Por eso, los concejos municipales deben exigir explicaciones inmediatas, mientras la Contraloría evalúa los casos que correspondan dentro de sus competencias. Cada alcalde debe presentar un diagnóstico documentado de las causas del retraso, un cronograma realista y metas verificables para el último trimestre. La ciudadanía, por su parte, tiene derecho a conocer qué se hará con el dinero que le pertenece.
Áncash no puede resignarse a tener autoridades que administren presupuestos sin capacidad para transformarlos en progreso. Si los recursos existen, pero las obras no llegan, la gestión municipal está fallando en su obligación más elemental.
Un presupuesto que no se ejecuta no es una medalla de ahorro: es una oportunidad perdida para mejorar la vida de la población. Y cuando esa oportunidad se repite durante nueve meses, ya no basta con prometer que se corregirá mañana. Es hora de rendir cuentas y demostrar, con hechos, para qué se llegó a gobernar.