La escuela peruana necesita recuperar el orden, pero, sobre todo, necesita recuperar su capacidad de formar ciudadanos con valores, respeto y responsabilidad. Los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar anunciados por el Gobierno constituyen una oportunidad para corregir una situación que durante demasiado tiempo se ha dejado avanzar: la pérdida de autoridad de los docentes y la tolerancia frente a conductas que amenazan la convivencia y la seguridad de los estudiantes.
El anuncio de restituir las sanciones proporcionales, las amonestaciones, la nota de conducta y hasta la separación definitiva en los casos más graves responde a una demanda que no puede seguir postergándose. Un colegio no puede convertirse en un espacio donde los profesores teman corregir y donde los alumnos que acuden a estudiar deban soportar agresiones, hostigamiento o humillaciones de sus propios compañeros.
Lo ocurrido en el Liceo Naval, en San Borja, debe servir como una dolorosa advertencia. Las agresiones entre escolares no son un asunto menor, ni una travesura propia de la edad, ni un problema que pueda resolverse escondiendo los hechos para proteger el prestigio de una institución. Cuando la violencia llega a extremos que comprometen la integridad de un estudiante, queda en evidencia que algo ha fallado en la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta de los adultos responsables.
Aquello no debe volver a suceder nunca más. Y para que no vuelva a ocurrir, no bastan las declaraciones de indignación ni las promesas formuladas después de cada escándalo. Se necesitan reglas claras, autoridades que las hagan cumplir y mecanismos eficaces para detectar y detener a tiempo las conductas violentas.
La restricción del uso de celulares en los colegios, anunciada previamente, y los nuevos lineamientos disciplinarios deben formar parte de una política integral. Sin embargo, sería un error creer que el orden escolar se recuperará únicamente prohibiendo dispositivos, regulando la presentación personal o estableciendo una escala de sanciones. La disciplina también se construye con educación en valores, orientación psicológica, participación de las familias y docentes preparados para reconocer y atender las señales de violencia.
De igual manera, las sanciones deben aplicarse con firmeza, pero también con justicia. No se trata de castigar indiscriminadamente ni de convertir la escuela en un espacio de exclusión. La edad, las circunstancias, la gravedad del daño y la posibilidad de reparación deben evaluarse de manera objetiva. Pero esa consideración no puede convertirse en una excusa para la impunidad, especialmente cuando están en riesgo la seguridad y la dignidad de otros estudiantes.
El Ministerio de Educación tiene ahora la responsabilidad de convertir los anuncios en disposiciones efectivas, capacitar a los directores y profesores, supervisar su cumplimiento y garantizar que cada denuncia sea atendida oportunamente. También debe asegurar que las víctimas reciban protección y acompañamiento, mientras que los responsables asuman las consecuencias de sus actos.
La autoridad del maestro no se recupera únicamente mediante un reglamento. Se recupera cuando el Estado respalda su labor, cuando los padres acompañan la formación de sus hijos y cuando las instituciones educativas dejan de mirar hacia otro lado ante la violencia.
El Gobierno ha anunciado el camino. Ahora debe demostrar que tiene la decisión y la capacidad para recorrerlo. Nuestros colegios deben volver a ser espacios seguros para aprender, convivir y crecer. Ningún estudiante debería acudir a clases con miedo, y ningún profesor debería sentirse desprotegido frente a la indisciplina.
Lo sucedido en el Liceo Naval no puede quedar en una noticia más. Debe marcar un antes y un después en la manera en que el país enfrenta la violencia escolar.