Hay deudas que pueden esperar una negociación comercial, una reprogramación financiera o un acuerdo entre particulares. Pero existen obligaciones que jamás deberían quedar relegadas a la indiferencia burocrática, porque detrás de ellas están la salud, las pensiones y los derechos de los trabajadores. Las deudas que mantienen numerosas entidades públicas con EsSalud y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pertenecen a esta última categoría. Y lo más grave es que quienes incumplen no son empresas privadas en dificultades, sino instituciones del propio Estado.
La Contraloría General de la República ha puesto cifras y nombres a esta irresponsabilidad. A nivel nacional, 337 entidades públicas acumulan deudas por S/ 587.4 millones en aportaciones impagas a EsSalud y retenciones previsionales de la ONP. En Áncash, 35 entidades deben S/ 30 millones. No se trata de obligaciones recientes que puedan explicarse por una contingencia presupuestaria. Algunas permanecen pendientes desde hace más de treinta años y se encuentran en cobranza coactiva.
En la provincia del Santa, las cifras son particularmente preocupantes. La Municipalidad Distrital de Nepeña registra deudas por S/ 5.5 millones con EsSalud y S/ 5.2 millones con la ONP. Nuevo Chimbote acumula S/ 2.2 millones con EsSalud y S/ 2.6 millones con la ONP. Coishco, por su parte, adeuda S/ 2.4 millones y S/ 1.5 millones, respectivamente. Son montos millonarios que exigen explicaciones y, sobre todo, soluciones concretas.
¿Qué ha ocurrido con el dinero descontado de las remuneraciones de los trabajadores? ¿Por qué las aportaciones que debieron garantizar su protección médica y previsional terminaron convertidas en obligaciones pendientes? Estas preguntas no pueden quedar sepultadas bajo informes administrativos ni justificaciones presupuestarias. Las autoridades tienen el deber de explicar, documentar y responder por el manejo de los recursos públicos.
La situación es todavía más delicada porque las consecuencias no recaen únicamente sobre las instituciones deudoras. Las padecen los trabajadores y sus familias. La Contraloría advierte que las deudas con EsSalud pueden generar restricciones en las coberturas de salud, mientras que el incumplimiento de las retenciones previsionales amenaza los derechos pensionarios. En otras palabras, quienes cumplen con trabajar y sufren los descuentos de ley pueden terminar expuestos a las consecuencias de una obligación que su empleador público no atendió.
Es inadmisible que el Estado exija puntualidad a los ciudadanos en el pago de sus impuestos y obligaciones, pero algunas de sus propias entidades acumulen deudas durante años. La autoridad pública no puede reclamar cumplimiento mientras incumple sus responsabilidades más elementales.
La emisión de 492 informes de orientación de oficio por parte de la Contraloría constituye una advertencia necesaria, pero informar sobre el problema no equivale a resolverlo. Se requiere verificar el origen de las deudas, establecer cronogramas de pago viables, determinar responsabilidades cuando corresponda y vigilar que los compromisos se cumplan.
Los alcaldes y funcionarios responsables deben rendir cuentas. La salud de los trabajadores no puede utilizarse como variable de ajuste presupuestario, ni sus pensiones quedar a merced de la negligencia administrativa. El dinero público exige responsabilidad, pero las aportaciones sociales exigen, además, respeto por la dignidad de quienes sostienen con su trabajo a las propias instituciones que hoy les deben.