La Contraloría General de la República ha sido contundente: el sistema penitenciario peruano presenta graves deficiencias que comprometen la seguridad de los internos, del personal y de toda la sociedad. No es una percepción ni una denuncia sin sustento. Son 265 situaciones adversas identificadas en 52 establecimientos penitenciarios supervisados a nivel nacional. La pregunta es inevitable: ¿qué esperan las autoridades para actuar?
Los resultados del operativo de control realizado en setiembre de 2026 revelan una realidad alarmante: falta personal, escasean los implementos de seguridad, hay armamento deteriorado, cámaras inoperativas y equipos de inspección que no funcionan. Además, siete penales carecen de sistemas de bloqueo de señales de celulares e Internet. Mientras el país enfrenta una creciente criminalidad, sus cárceles muestran serias limitaciones para garantizar el control y la vigilancia.
El problema no se concentra en Lima ni corresponde a un establecimiento aislado. Las deficiencias alcanzan a diversas regiones, entre ellas Áncash, La Libertad, Junín, Loreto, Amazonas, Ica y Arequipa. Estamos ante una problemática nacional que exige decisiones firmes, recursos bien utilizados y autoridades dispuestas a asumir responsabilidades.
En Áncash, la situación del penal de Chimbote, ubicado en Cambio Puente, resulta especialmente preocupante. Construido para albergar aproximadamente a 500 internos, actualmente supera los 3.000, distribuidos en diez pabellones. La Contraloría comprobó que tres de los siete torreones no eran cubiertos durante el servicio de 24 horas por falta de personal. También encontró cercos deteriorados, deficiencias en la vigilancia, ausencia de una sala de monitoreo y equipos inoperativos para revisar a las personas que ingresan.
Más grave aún, se detectaron armas oxidadas y municiones deterioradas. ¿Cómo garantizar una vigilancia efectiva en esas condiciones? El penal de Huaraz también figura entre los establecimientos con limitaciones de personal, armamento y equipamiento. La situación exige respuestas concretas, no explicaciones burocráticas.
El panorama nacional confirma la magnitud del problema. En 24 establecimientos no hay suficiente personal para cubrir adecuadamente los puestos de vigilancia. En 43 se identificaron deficiencias relacionadas con la videovigilancia, mientras que la falta o inoperatividad de equipos de inspección debilita el control de visitantes y facilita potencialmente el ingreso de objetos prohibidos.
Estas deficiencias adquieren mayor gravedad en un país golpeado por las extorsiones y el crimen organizado. El Estado debe impedir que los establecimientos penitenciarios se conviertan en espacios desde los cuales puedan mantenerse comunicaciones criminales sin controles eficaces.
La Contraloría ya cumplió con advertir los riesgos y comunicar sus hallazgos al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Ahora corresponde actuar. El Ministerio de Justicia debe asumir también su responsabilidad, establecer prioridades y exigir resultados verificables. No basta con recibir informes, anunciar compras o prometer evaluaciones. Se necesitan equipos operativos, mantenimiento, personal suficiente y supervisión efectiva.
Las alertas de control no pueden terminar archivadas ni convertirse en simples trámites administrativos. Deben traducirse en medidas correctivas, plazos concretos y responsables identificados.
La seguridad ciudadana también se defiende dentro de las cárceles. Si el Estado no puede garantizar el control de establecimientos bajo su propia administración, queda expuesta una preocupante debilidad institucional. La Contraloría encendió la alerta; ahora las autoridades deben demostrar que tienen voluntad y capacidad para actuar.