La Universidad San Pedro y sus estudiantes no pueden seguir esperando indefinidamente una solución que ya tiene respaldo legal. La Ley N.° 32494 nació como una alternativa excepcional para atender la situación de universidades con licencia institucional denegada y permitir que sus comunidades académicas encuentren una salida a la crisis. Sin embargo, mientras sus disposiciones no se traduzcan en decisiones concretas, el alivio que promete seguirá siendo una expectativa y no una realidad.
La preocupación tiene fundamento. El Comité de Gestión previsto para encaminar la aplicación de esta norma en la Universidad San Pedro todavía no se implementa, y cada demora prolonga la incertidumbre de estudiantes que necesitan culminar sus carreras, egresar, graduarse y obtener sus títulos profesionales. No se trata de un trámite administrativo más, sino de una situación que compromete el futuro de miles de jóvenes y la responsabilidad de las instituciones públicas frente a quienes confiaron su formación a una universidad que hoy enfrenta serias dificultades.
En este escenario, resulta importante la intervención del diputado Jefferson Varas, quien ha promovido una reunión con el superintendente de la SUNEDU, Vicente Paul Espinoza Santillán, para impulsar las coordinaciones entre las entidades involucradas. El compromiso de remitir al Ministerio de Educación la información sobre los estudiantes matriculados constituye un avance necesario para identificar a los representantes estudiantiles que integrarán la Comisión Técnica de Gestión Excepcional.
Pero conviene decirlo con claridad: un compromiso de remisión de documentos no equivale a una solución. La información debe entregarse efectivamente, DICOPRO debe continuar con los procedimientos correspondientes y las instituciones competentes deben avanzar hacia la conformación e instalación de la comisión. De lo contrario, las reuniones y los anuncios terminarán convirtiéndose en una sucesión de promesas sin resultados tangibles.
La SUNEDU y el Ministerio de Educación tienen la obligación de coordinar, actuar con diligencia y evitar que las diferencias administrativas o la falta de comunicación entre dependencias terminen perjudicando a los estudiantes. La aplicación de la Ley 32494 exige voluntad institucional, cumplimiento de plazos y decisiones oportunas. No basta con reconocer el problema; hay que resolver los obstáculos que impiden ejecutar la norma.
Además, el caso de la Universidad San Pedro no debe abordarse como un episodio aislado. La situación de las universidades con licencias denegadas demanda mecanismos excepcionales que permitan atender las necesidades académicas pendientes dentro del marco legal. Precisamente, la importancia de esta ley radica en abrir una vía de solución para comunidades universitarias que no pueden quedar abandonadas a su suerte.
La intervención parlamentaria será valiosa si se traduce en seguimiento permanente, exigencia de responsabilidades y resultados verificables. Los estudiantes necesitan saber cuándo se instalará la comisión, qué pasos seguirán y cómo se garantizará que los mecanismos previstos puedan hacerse efectivos.
La Ley 32494 no puede quedarse en el papel ni convertirse en otra promesa incumplida del Estado. La Universidad San Pedro necesita una salida institucional y sus estudiantes merecen respuestas concretas. SUNEDU y el Ministerio de Educación deben actuar ahora, porque cuando la burocracia retrasa una solución legal, quienes terminan pagando las consecuencias son los jóvenes y sus familias.