El acceso al agua potable debería ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno. No es una obra más ni una cifra para exhibir, sino un servicio esencial para la salud y la dignidad humana. Sin embargo, en Áncash, casi 200 mil personas carecen de agua por red pública y miles de familias reciben el servicio solo por horas. Esta realidad evidencia la incapacidad del Estado para resolver una necesidad básica de la población.
El informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela cifras preocupantes. La cobertura pasó de 71.3% en 2007 a 83.6% en 2017, pero retrocedió a 82.8% en 2025. Hoy hay 28 mil personas más sin acceso a agua por red pública que en 2017. ¿Cómo se explica que una región con importantes recursos económicos y transferencias por canon minero mantenga semejante brecha?
El problema también está en la continuidad. Apenas el 51.3% de las viviendas con red pública o pilón recibe agua las 24 horas, frente al 60.5% nacional. En las provincias del Santa y Casma, donde vive el 46.7% de la población regional, el suministro promedio es de apenas nueve horas diarias.
La calidad tampoco ofrece garantías suficientes. Según la Sunass, en 2025 solo el 22.4% de la población accedía a agua con niveles adecuados de cloro, frente al 27.4% del año anterior. No basta con instalar tuberías: el agua debe llegar continuamente y ser segura para el consumo humano.
A esta situación se suma que, a septiembre de 2026, el 72.1% de los proyectos de agua y saneamiento de los gobiernos regionales y locales estaba paralizado o abandonado. La burocracia, los expedientes deficientes y los problemas contractuales perjudican a miles de familias. Además, el Fenómeno El Niño amenaza con agravar las deficiencias de una infraestructura vulnerable.
En la provincia del Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote tienen dos proyectos fundamentales pendientes de concretarse plenamente. El primero es PTAR 2, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), con participación financiera del banco alemán de desarrollo KfW. La planta tratará aguas residuales, permitirá aprovechar subproductos como gases y lodos e incluirá un emisario submarino de aproximadamente un kilómetro para descargar al mar las aguas tratadas que no se reutilicen.
Esta obra es indispensable para reducir la contaminación de la bahía, pero se encuentra en una etapa inicial de ejecución. Por ello, corresponde vigilar sus plazos, calidad y cumplimiento ambiental.
El segundo es el proyecto Grandes Ciudades, que dotará de agua potable y alcantarillado a más de cien pueblos de Chimbote y Nuevo Chimbote. Está a cargo del MVCS y contempla financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Sin embargo, aún está pendiente la firma del endeudamiento externo necesario para avanzar.
Ambas inversiones son decisivas, pero marchan al ritmo del Estado, entre procedimientos y trámites que prolongan la espera ciudadana. Cada demora significa más familias sin saneamiento y mayores riesgos sanitarios y ambientales.
Las autoridades que asumirán funciones en 2027 deberán romper este círculo de ineficiencia, exigir resultados a las empresas prestadoras, reducir las pérdidas de agua y destrabar los proyectos paralizados.
Áncash necesita menos anuncios y más resultados. El agua potable no puede seguir siendo una promesa política mientras miles de ciudadanos esperan abrir sus caños y encontrar agua segura y permanente.