Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada – Docente Universitaria – Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo
Hoy las entidades públicas producen una cantidad importante de información: presupuestos, indicadores, reportes de ejecución, registros administrativos y estadísticas sobre servicios. Esa información es necesaria para rendir cuentas, pero su publicación no garantiza, por sí sola, que estemos tomando mejores decisiones. El desafío consiste en convertir los datos en una herramienta de gestión y no únicamente en una obligación formal.
Para un ciudadano, saber cuánto presupuesto tiene una entidad puede ser importante. Sin embargo, también necesita entender qué servicio recibirá, cuánto tardará una atención, qué metas se han cumplido y qué dificultades explican los retrasos. La transparencia resulta más útil cuando conecta los recursos con los resultados y permite responder preguntas sencillas sobre la vida cotidiana.
Imaginemos un municipio que publica el monto destinado al mantenimiento de parques. La cifra informa, pero no cuenta toda la historia. Sería más útil conocer cuántos espacios se atendieron, con qué frecuencia, cuáles siguen pendientes y qué criterios se utilizaron para priorizar las intervenciones. De ese modo, la información no se limita a describir el gasto: ayuda a evaluar el servicio y a orientar las siguientes decisiones.
Algo parecido ocurre en educación, salud y atención administrativa. El número de atenciones es un dato relevante, pero debe analizarse junto con los tiempos de espera, la continuidad del servicio, la cobertura y la experiencia de los usuarios. Ningún indicador aislado puede explicar toda la realidad. Por eso, las entidades necesitan seleccionar medidas que reflejen el objetivo público que buscan cumplir, en lugar de acumular cifras que luego nadie utiliza.
Un primer paso es publicar información comprensible. Los documentos técnicos son indispensables para el control especializado, pero pueden complementarse con resúmenes ciudadanos que expliquen los principales resultados, las metas pendientes y las razones de las diferencias. El lenguaje claro no reduce el rigor; permite que más personas comprendan cómo se utilizan los recursos públicos.
Un segundo paso consiste en asegurar que los datos sean comparables y oportunos. Si cada área mide una actividad de manera distinta, o si los reportes llegan cuando las decisiones ya fueron tomadas, resulta difícil identificar avances y corregir problemas. Establecer definiciones comunes, responsables de actualización y calendarios de publicación contribuiría a mejorar la calidad de la información.
Un tercer paso es utilizar los indicadores en la gestión cotidiana. No tiene sentido producir reportes periódicos si nadie los revisa para ajustar procesos, reasignar esfuerzos dentro de las reglas presupuestarias o explicar por qué una meta no se alcanzó. Las reuniones de seguimiento deberían servir para decidir qué se hará, quién será responsable y cuándo se comprobará el avance.
La tecnología puede facilitar este trabajo, pero no lo reemplaza. Un tablero digital con gráficos atractivos no garantiza que los datos sean correctos ni que la entidad actúe en función de ellos. Antes de invertir en nuevas plataformas, conviene revisar qué información se necesita, quién la produce, cómo se valida y qué decisión concreta ayudará a tomar. Modernizar también significa evitar sistemas que duplican registros o que obligan a los trabajadores a ingresar la misma información varias veces.
La apertura de datos debe ir acompañada, además, de responsabilidad en su manejo. Publicar información útil no significa exponer datos personales ni descuidar la seguridad. Las entidades deben respetar las reglas de protección de datos y ofrecer información agregada o anonimizada cuando corresponda. Transparencia y privacidad no son objetivos incompatibles: requieren criterios técnicos y jurídicos bien aplicados.
La sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación y los colegios profesionales pueden ayudar a analizar la información y formular preguntas pertinentes. Pero esa colaboración será más provechosa si las entidades publican datos en formatos accesibles, explican sus metodologías y responden de manera clara a las observaciones. La rendición de cuentas debe entenderse como una conversación sustentada en evidencia, no como una ceremonia de cifras.
También es importante reconocer que los indicadores tienen límites. Una meta puede cumplirse en términos numéricos y, aun así, no resolver la necesidad que la originó. Por eso, los datos deben combinarse con evaluación cualitativa, supervisión técnica y escucha ciudadana. Medir no es sustituir el criterio profesional; es aportar información para ejercerlo mejor.
Un Estado que utiliza bien sus datos puede anticipar problemas, priorizar con mayor justicia y explicar sus decisiones con más claridad. El objetivo no es llenar portales de información ni producir más cuadros, sino que cada dato relevante ayude a mejorar un servicio o a corregir una decisión. La transparencia alcanza su verdadero propósito cuando deja de ser el punto final de un trámite administrativo y se convierte en el comienzo de una gestión más inteligente y responsable.