Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La votación sobre la delegación de facultades dejó algo más que una autorización legislativa. Expuso prioridades, reveló diferencias internas y puso a prueba liderazgos que pretendían hablar en nombre de una oposición unificada. El resultado 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones permitió aprobar una herramienta destinada a enfrentar dos urgencias nacionales: la criminalidad y el fenómeno El Niño.
A mi juicio, la jornada mostró hasta qué punto algunos dirigentes han subordinado su capacidad de acuerdo al enfrentamiento con el Gobierno. La población amenazada por extorsionadores y las familias expuestas a inundaciones necesitan respuestas oportunas. El costo de la demora lo pagan quienes trabajan, producen y procuran vivir con seguridad.
Los opositores alegaron discrepancias sobre las siete incorporaciones del Senado respecto de los veinte puntos remitidos por Diputados. Ese fue uno de los argumentos centrales del debate. Pero una conducción política responsable debe saber convertir sus objeciones en acuerdos posibles. Cuando una controversia termina absorbiendo toda la atención y desplaza las urgencias que dieron origen a la iniciativa, corresponde preguntar qué prioridad está guiando esa conducta.
La votación también dejó al descubierto los límites del liderazgo opositor. En Buen Gobierno, dos senadores respaldaron las facultades mientras cinco se abstuvieron. Esa diferencia golpea la pretensión de Jorge Nieto de conducir una posición común. Quien aspira a ejercer influencia nacional debe comenzar por construir acuerdos dentro de su propia organización.
Conviene precisar el alcance del episodio: hubo una divergencia en el voto, no una ruptura partidaria acreditada. Sin embargo, su efecto político es evidente. El Ejecutivo encontró interlocutores dentro de una agrupación que no pudo presentar una respuesta uniforme. La autoridad de su conducción queda sometida a una prueba que las siguientes votaciones harán más exigente.
Obras, con tres votos favorables y una abstención, también mostró diferencias. Al mismo tiempo, sus apoyos contribuyeron a construir la mayoría. Fuerza Popular y Renovación Popular reunieron treinta votos; los respaldos procedentes de Obras y Buen Gobierno permitieron llegar a treinta y cinco. La oposición que pretendía actuar como un frente terminó exhibiendo sus propias fronteras.
La coincidencia de Juntos por el Perú y Ahora Nación en el rechazo permite observar un acercamiento político en esta decisión. Sería prematuro convertirlo en prueba de una alianza estable o de identidad ideológica completa. Pero sí corresponde exigir a sus dirigentes que expliquen qué alternativa concreta ofrecen y cómo piensan ejecutarla.
Allí aparece el default político: una deuda de respuestas frente a la población que dicen representar. La fiscalización es indispensable y la discrepancia forma parte de la democracia. Su credibilidad depende también de la capacidad de proponer, acordar y contribuir a resolver problemas que no admiten espera.
Ahora esa exigencia alcanza plenamente al Gobierno. La aprobación de las facultades eleva su responsabilidad. Debe traducir el respaldo parlamentario en decisiones rápidas, coordinación operativa y resultados verificables.
El Estado tiene que perseguir a las organizaciones criminales nacionales y transnacionales con toda su capacidad legal, policial, financiera y de inteligencia. Cuando se acrediten los presupuestos correspondientes, deberá impulsar su calificación como grupos hostiles o perseguir sus conductas bajo la legislación antiterrorista que resulte aplicable. Esas categorías requieren sustento y procedimientos; su eficacia dependerá de las operaciones y de las pruebas que permitan llevar a los responsables ante la justicia.
La inteligencia integrada debe identificar mandos, localizar operadores, seguir el dinero y descubrir las redes que sostienen la extorsión, el sicariato y los mercados ilícitos. La coordinación entre Policía, inteligencia, Fiscalía, autoridades penitenciarias y cooperación internacional debe orientarse a capturas relevantes y casos sólidos. Las filtraciones, las rivalidades institucionales y los anuncios anticipados pueden frustrar ese objetivo.
Frente al fenómeno El Niño, la misma celeridad debe expresarse en prevención, infraestructura, ayuda y protección de las actividades productivas. Cada intervención debe tener responsables, recursos y plazos.
La oposición responderá políticamente por su accionar obstruccionista. El Gobierno responderá por su capacidad de ejecutar las facultades delegadas. La votación ya terminó. La obligación de dar resultados acaba de hacerse más exigente.