Lo que está ocurriendo en el distrito de Santa es sumamente preocupante y merece el rechazo de toda la ciudadanía. La alcaldesa electa, Lourdes Sachún Hidalgo, y cuatro regidores de su agrupación política han denunciado amenazas de muerte cuando ni siquiera han asumido sus funciones y todavía está pendiente que las instancias electorales los declaren oficialmente ganadores. Es decir, el próximo gobierno municipal ni siquiera ha comenzado y ya enfrenta intimidaciones que pretenden sembrar temor entre sus integrantes.
Las amenazas, presuntamente enviadas por sujetos desconocidos mediante mensajes de WhatsApp, comenzaron el 8 de octubre y continuaron los días 13 y 16 del mismo mes. El mensaje de que la alcaldesa electa debe “ponerse a derecho”, acompañado de advertencias contra su integridad, constituye un hecho grave que no puede ser minimizado ni tratado como un simple incidente policial. Los agraviados ya acudieron a la Depincri para formular la denuncia correspondiente y entregaron los mensajes que podrían contribuir a identificar a los responsables.
La primera obligación de las autoridades es proteger la vida y la integridad de las personas amenazadas. La Policía Nacional debe investigar con diligencia, rastrear el origen de las comunicaciones y establecer quiénes están detrás de estas intimidaciones. El Ministerio Público, por su parte, debe intervenir conforme a sus competencias para garantizar que los hechos sean esclarecidos y no queden impunes.
Pero hay una cuestión que merece una reflexión más profunda: ¿qué está pasando en Santa para que quienes han participado en una contienda electoral y se preparan para asumir responsabilidades públicas sean objeto de amenazas antes de comenzar su gestión? ¿Se pretende intimidarlos por su resultado electoral, condicionar sus futuras decisiones o existen otros motivos? Por ahora, no corresponde adelantar conclusiones ni atribuir responsabilidades sin pruebas. Precisamente por eso, la investigación debe ser seria, objetiva y transparente.
Lo que sí resulta inaceptable es que la violencia o el amedrentamiento pretendan convertirse en mecanismos para influir en la vida política de un distrito. En democracia, las diferencias se resuelven mediante las urnas, las instituciones y la ley, nunca mediante amenazas contra la vida de quienes ejercen o se preparan para ejercer representación popular.
También preocupa que cuatro regidores electos hayan sido alcanzados por estas intimidaciones. No se trata únicamente de la seguridad de una futura alcaldesa, sino de la tranquilidad de un equipo municipal y del derecho de una comunidad a contar con autoridades que puedan desempeñar sus funciones sin presiones ilegales.
Santa no puede comenzar una nueva etapa municipal bajo la sombra del miedo. Las autoridades policiales y fiscales tienen la responsabilidad de actuar oportunamente, mientras las instancias competentes deben evaluar las medidas de protección que correspondan.
La democracia no puede permitir que las amenazas sustituyan a los votos ni que el miedo condicione a las futuras autoridades. Si quienes están detrás de estos mensajes creen que pueden intimidar impunemente, corresponde al Estado demostrar que la ley está por encima de cualquier amenaza. El silencio, la demora y la indiferencia solo alimentarían la sensación de impunidad. Santa necesita respuestas, seguridad y justicia antes de que estas intimidaciones puedan convertirse en una tragedia.