Las elecciones municipales en el distrito de Nepeña han dejado una lección que merece ser analizada más allá de las simpatías políticas y las legítimas discrepancias que surgen en toda contienda electoral: la democracia no solamente consiste en participar, competir y reclamar cuando se considera que existen irregularidades, sino también en respetar las reglas de juego y las decisiones de las autoridades electorales.
El Jurado Electoral Especial del Santa ha declarado infundados los pedidos de nulidad de las mesas de sufragio 3051 y 3035, presentados por Somos Perú, organización política que postuló a Luis Collazos Villagómez a la alcaldía distrital. Con estas resoluciones, se mantiene la ventaja de Ivo Rincón Ruiz, candidato de Alianza para el Progreso, quien supera a su contendor por apenas 16 votos, según los resultados al 100 %.
Una diferencia tan estrecha explica la preocupación de quienes consideran que el resultado pudo ser distinto. Dieciséis votos pueden parecer insignificantes en términos estadísticos, pero en una elección municipal representan la voluntad expresada por ciudadanos que tienen el mismo derecho a elegir a sus autoridades. Precisamente por ello, cada cuestionamiento debe ser examinado con seriedad, objetividad y pleno respeto a la ley.
Sin embargo, una cosa es presentar observaciones y otra muy distinta es demostrar que existen razones legales suficientes para anular una votación. En el caso de la mesa 3051, el cuestionamiento sobre la hora consignada en el acta fue considerado un error material que no acreditaba, por sí solo, una irregularidad determinante. En la mesa 3035, las fotografías presentadas tampoco permitieron identificar con suficiente claridad a las personas involucradas ni demostrar los hechos denunciados en los términos exigidos para sustentar la nulidad.
Estos argumentos deben evaluarse desde el ámbito estrictamente jurídico. La nulidad electoral no puede convertirse en un recurso para revertir resultados adversos sin pruebas suficientes. Tampoco las autoridades electorales pueden cerrar los ojos ante irregularidades debidamente acreditadas. La responsabilidad del sistema electoral consiste, justamente, en distinguir entre sospechas, errores administrativos e infracciones que realmente comprometan la legitimidad de una elección.
Somos Perú tiene expedito el derecho de recurrir a las instancias correspondientes si considera que existen fundamentos para cuestionar las resoluciones del JEE. Es parte de las garantías de un Estado democrático. Si el caso llega al Jurado Nacional de Elecciones, corresponderá a este organismo pronunciarse conforme a sus competencias y a las pruebas que se presenten.
Pero también es necesario advertir que prolongar indefinidamente la controversia, sin argumentos nuevos ni evidencias concluyentes, puede alimentar la incertidumbre y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones. Los dirigentes políticos tienen la obligación de actuar con responsabilidad, especialmente cuando sus decisiones afectan la tranquilidad de una comunidad.
Nepeña necesita autoridades que atiendan sus problemas, no una confrontación política permanente. La población espera soluciones para sus necesidades y compromisos concretos de quienes aspiraron a gobernarla.
La democracia tiene procedimientos para resolver las controversias. Si todavía existen recursos legales, deben utilizarse; si las instancias competentes confirman los resultados, corresponde respetarlos.
Con una diferencia de apenas 16 votos, la prudencia debe ser mayor, pero también el respeto por la voluntad popular. Porque defender la democracia significa exigir transparencia cuando hay dudas, presentar pruebas cuando se denuncian irregularidades y aceptar las decisiones legales cuando los argumentos no prosperan.