Hace unos días, en esta columna editorial, advertíamos sobre los 314 casos positivos de dengue registrados en Casma y la necesidad de actuar con urgencia para contener el avance de esta enfermedad. También señalábamos una preocupante dificultad: alrededor de 2,500 viviendas no abrían sus puertas al personal de salud durante las inspecciones destinadas a identificar y eliminar criaderos del zancudo transmisor. Frente a esta situación, planteábamos la necesidad de que la municipalidad, el hospital, la Red de Salud y la UGEL unieran esfuerzos para desarrollar campañas sostenidas de prevención. Dos días después, la realidad nos golpeó con una noticia dolorosa: un niño de apenas 10 años falleció por dengue. La preocupación se convirtió en indignación y la advertencia, lamentablemente, en una tragedia.
La muerte del menor, ocurrida en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, constituye una señal de alarma que ninguna autoridad puede ignorar. No estamos hablando de una cifra más en las estadísticas sanitarias, sino de una vida que se apaga demasiado pronto y de una familia que enfrenta una pérdida irreparable. Se trata, además, de la primera víctima mortal del dengue reportada en Áncash durante el presente año, en un escenario de alarmante incremento de contagios.
Las cifras son contundentes. Hasta el 24 de octubre, Áncash acumulaba 1,557 casos de dengue, frente a los apenas 19 registrados durante el mismo periodo de 2025. La provincia del Santa concentraba 972 casos y Casma otros 563. Estamos ante un problema sanitario que exige respuestas inmediatas, planificación y responsabilidad, no simples reuniones o campañas que se anuncian cuando la enfermedad ya se ha extendido peligrosamente.
Pero hay un problema adicional que no podemos pasar por alto. ¿Cómo combatir eficazmente el dengue si miles de viviendas permanecen cerradas a las inspecciones sanitarias? La negativa o falta de colaboración de los vecinos impide identificar posibles criaderos y facilita que el zancudo continúe reproduciéndose. Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer únicamente en la población. Las autoridades deben intensificar la sensibilización, coordinar con las organizaciones vecinales y establecer mecanismos que permitan llegar a esas viviendas. La prevención requiere compromiso ciudadano, pero también capacidad de gestión pública.
La fumigación programada del 2 al 16 de noviembre es necesaria, aunque insuficiente si no se acompaña de la eliminación de criaderos, vigilancia epidemiológica, educación sanitaria y atención médica oportuna. Asimismo, corresponde esclarecer las circunstancias de la evolución clínica del menor y determinar si se cumplieron los protocolos de evaluación, seguimiento y referencia. No se trata de anticipar responsabilidades, sino de evitar que otra familia atraviese semejante dolor.
La municipalidad de Casma, la Red de Salud Pacífico Sur, el hospital y la UGEL deben asumir un compromiso conjunto y permanente. Las escuelas, los barrios y las organizaciones vecinales tienen que convertirse en espacios activos de prevención.
La muerte de un niño debe sacudir a todas las instituciones. No basta con lamentar su partida ni expresar condolencias. Las autoridades tienen la obligación de actuar con firmeza, transparencia y resultados verificables.
El dengue no puede seguir avanzando mientras las instituciones trabajan por separado y miles de viviendas permanecen inaccesibles a la prevención. Casma necesita autoridades que actúen con decisión y ciudadanos que comprendan que abrir sus puertas al personal de salud puede salvar vidas. La prevención no es un trámite ni una opción: es una responsabilidad compartida.