Por: FERNANDO VALDIVIA CORREA.
Hace poco más de una semana, el Ministerio Público archivó definitivamente la investigación por esterilizaciones forzadas ocurridas en la última década del siglo que nos dejó, basándose en la Ley N° 32107, que precisa la aplicación y alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en nuestro país. Raudamente, diversas Organizaciones No Gubernamentales cuestionaron esta decisión, anunciando que apelarán hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tanto el Ejecutivo ha mantenido un prudencial silencio.
Más allá de razonamientos a favor o en contra de esta medida, lo cierto es que la Fiscalía aplicó correctamente la comentada norma legal, pues el inexorable paso del tiempo conlleva a que todo presunto delito (si es que existió en este caso, cosa que jamás lo sabremos) esté sujeto a la aplicación de la figura jurídica de la prescripción, que significa en términos bastante claros, la extinción de la pena; máxime si los hechos supuestamente acontecieron antes del mes de noviembre de 2003 (fecha que entró en vigencia en el Perú la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad).
Sin embargo, hay investigaciones que sí están en plazo de actuaciones (o debieran). Y estas tienen que ver con el embarazo de niñas y adolescentes (NNAA); o mejor dicho, violaciones sexuales a menores de edad. El pasado 16 de septiembre, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), encargada de la salud sexual y reproductiva, tituló “el embarazo en adolescentes disminuye en el Perú, pero persistente profundas brechas territoriales”, dándose cuenta que el 2025, el 7.4% de las adolescentes entre 15 a 19 años estuvo en algún momento gestando, incrementándose en 16.3% en zonas rurales, agregándose que diariamente, cinco niñas, entre 10 a 14 años, sufren situaciones relacionadas con violencia sexual. INFOBAE, al día siguiente, amplia esta información precisando en el mismo periodo que el 15.3% de las muertes maternas correspondió a menores de 20 años, frente al 10.9% del 2019. Data dura, aunque real.
Mostrando avances sobre este sensible asunto, el citado Fondo presentó hace unos días junto a representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) el estudio denominado “Análisis de presupuesto público para la prevención y respuesta a los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas”, congregando a funcionarios, entre otros, del Poder Judicial y Ministerio Público.
No obstante, urge que el titular de la acción penal presente avances y/o resultados concretos sobre este execrable ilícito, puntualizando la cantidad de imputados, la situación jurídica de los mismos, así como mecanismos de protección al NNAA, incluyendo a sus familiares, para evitar revictimización o represalias hacia la víctima.
Tema para harto debate. Empecemos por hacerlo visible.