Los trece informes de control de la Contraloría General de la República sobre las intervenciones de descolmatación, limpieza y construcción de diques en los ríos Santa y Nepeña revelan una realidad preocupante: fichas técnicas deficientes, trabajos que no comienzan y evidencias de duplicidad de inversiones. Todo ello ocurre mientras la región se prepara para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.
No estamos ante simples observaciones administrativas que puedan archivarse en un escritorio. Estamos frente a advertencias que comprometen la calidad del gasto público y, sobre todo, la seguridad de miles de familias que viven cerca de los cauces y podrían resultar afectadas por inundaciones.
De los trece procesos examinados, cinco corresponden a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y ocho al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), entidades adscritas al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La Contraloría ha identificado duplicidad de inversiones en seis intervenciones, donde existen evidencias de trabajos anteriores que no habrían sido debidamente considerados al formular nuevas contrataciones.
Los casos son elocuentes. En San Gabriel, río Santa, se encontró un dique de 670 metros construido anteriormente. En San Nazario, Vinzos, se identificaron trabajos ejecutados por la Municipalidad Provincial del Santa. En el río Nepeña, también se advirtieron intervenciones previas en Puente Colorado, Cocharcas y Puente Blanco-San José, entre otros sectores.
¿Cómo se elaboran fichas técnicas sin verificar adecuadamente lo que ya se ha ejecutado? ¿Cómo se convocan nuevos procesos de contratación cuando existen evidencias de obras anteriores en los mismos lugares? ¿Quién responde por estas deficiencias y por el riesgo de comprometer recursos públicos en actividades que podrían duplicar inversiones?
La situación se agrava porque, según los informes, en diversas intervenciones no se encontraron maquinarias, movimientos de tierra ni evidencias de trabajos iniciados. Sectores como Conventillo-Suchimán, Mantas, Pasamayito y Arenal-Cay-Cay figuran entre los lugares donde las comisiones de control advirtieron la ausencia de intervención física. En otros casos, las fichas técnicas eran referenciales y no definitivas, lo que evidencia serias debilidades en la preparación de los trabajos.
Aquí también corresponde examinar la responsabilidad de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama y de la Autoridad Local del Agua Santa-Lacramarca-Nepeña, vinculadas a la elaboración de las fichas técnicas. La prevención de desastres exige expedientes sustentados, inspecciones rigurosas y una planificación que responda a las necesidades reales del territorio.
Lo más grave es el tiempo perdido. Mientras las entidades públicas tramitan documentos y convocatorias, los ríos siguen esperando intervenciones efectivas. La naturaleza no espera procedimientos burocráticos ni disculpas de último momento.
La Contraloría ya puso las alertas sobre la mesa. Ahora corresponde al Ministerio Público y a las autoridades competentes determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales, sin adelantar conclusiones, pero sin permitir que los hechos queden impunes.
La prevención frente a El Niño no puede convertirse en una oportunidad para gastar dos veces en un mismo lugar ni en una sucesión de fichas técnicas sin sustento. Los recursos públicos deben proteger vidas, no alimentar la ineficiencia. En los ríos Santa y Nepeña, la emergencia exige obras reales, controles efectivos y responsables que respondan por sus decisiones.