Lo que viene ocurriendo con la construcción de la institución educativa N.° 88212 Antonio Raymondi de Casma no puede pasar inadvertido. Desde hace más de un año se escuchan y leen denuncias sobre presuntas irregularidades y deficiencias durante el proceso constructivo de esta importante infraestructura educativa. Hoy, un informe de la Contraloría General de la República pone nuevamente el tema sobre la mesa y confirma que existen serias observaciones que merecen una explicación y, sobre todo, una intervención de las autoridades competentes.
Lo que resulta difícil de entender es cómo la Municipalidad Provincial de Casma pudo recepcionar y liquidar una obra valorizada en S/ 14 millones 787 mil 206.10, devolver la garantía de fiel cumplimiento y cerrar la inversión en el Banco de Inversiones cuando todavía existían deficiencias constructivas y riesgos para la seguridad que no habían sido debidamente cautelados. ¿Acaso nadie advirtió estos problemas? ¿Con qué criterio se dio conformidad a una infraestructura que ahora es objeto de cuestionamientos del órgano de control?
El Informe de Control N.° 020-2026-OCI/0335-SVC no plantea observaciones menores. Advierte deficiencias técnicas de calidad, posibles riesgos para la seguridad y una situación administrativa igualmente preocupante: la inversión fue cerrada sin que exista documentación que acredite la entrega física de la infraestructura, con la conformidad de la UGEL de Casma, entidad que deberá asumir su operación y mantenimiento.
Estamos, por tanto, ante una inversión pública que aparentemente terminó en los documentos, pero que todavía arrastra problemas que debieron resolverse antes de su liquidación. La devolución de la garantía de fiel cumplimiento, sin cautelar las observaciones constructivas, constituye un hecho que exige esclarecer quiénes intervinieron en la recepción, quiénes otorgaron las conformidades y qué responsabilidad les corresponde.
Es cierto que la responsabilidad de ejecutar correctamente el proyecto recae en la Municipalidad Provincial de Casma. Sin embargo, hoy existe una nueva administración municipal y el alcalde que estuvo al frente de la comuna durante la ejecución de estos procedimientos ya no ocupa el cargo. Este cambio de autoridades no puede convertirse en una excusa para dejar las cosas como están. La responsabilidad administrativa, civil o penal, de corresponder, debe determinarse sin contemplaciones y alcanzar a todos los funcionarios y responsables que tuvieron participación.
La Contraloría ya ha cumplido con advertir los hechos. Ahora corresponde que la municipalidad adopte medidas correctivas, que la UGEL verifique las condiciones en que se encuentra la infraestructura y que las instancias competentes determinen si existen responsabilidades adicionales.
Casma no puede resignarse a que millones de soles de recursos públicos terminen convertidos en una obra cuestionada, liquidada apresuradamente y sin una entrega formal debidamente acreditada. Una institución educativa no es solamente paredes, aulas y techos: es un espacio donde estudian niños y adolescentes y donde la seguridad debe estar plenamente garantizada.
La inversión pública no termina cuando se firma una liquidación ni cuando se registra el cierre de un proyecto. Termina cuando la obra cumple su finalidad, está en condiciones adecuadas y puede ser entregada con todas las garantías a quienes deben utilizarla. Lo contrario es convertir la gestión pública en un ejercicio de papeles y dejar a los estudiantes expuestos a las consecuencias de una ejecución deficiente.