Jorge Luis Godenzi Alegre
Un fantasma vuelve a recorrer Europa. Ya no es el comunismo que Marx y Engels anunciaron en su célebre Manifiesto. Aquel espectro, derrotado por la historia y desacreditado por la experiencia de los pueblos se resiste a desaparecer.
Como toda superstición ideológica incapaz de admitir su fracaso ha cambiado de retórica, de símbolos y de aliados. Hoy se refugia en algunas de las expresiones más radicales del islamismo, donde resurge con la misma pulsión destructiva de siempre, encubierta esta vez bajo dos escudos morales: el “antifascismo” y la opinable causa palestina, esta última transfigurada por algunos activistas en símbolo universal del oprimido.
Tras el descrédito de sus doctrinas tradicionales, una parte de la izquierda europea, denominada por algunos autores «islamoizquierdismo», ha reemplazado la lucha de clases por una política del resentimiento y la confrontación permanente. Desde esta visión, la sociedad se reduce a una división entre opresores y oprimidos, mientras toda autoridad o principio contrario a sus pretensiones es objeto de hostilidad y la violencia es presentada como un instrumento legítimo de emancipación política.
Resulta particularmente llamativo que esta franquicia islamoizquierdista prospere precisamente en Occidente, cuna de un vasto patrimonio espiritual, jurídico y político y, en la actualidad, principal referente mundial en materia de derechos y libertades, mientras permanece prácticamente ausente allí donde predominan las dictaduras comunistas o las teocracias islamistas.
La sublimación de la violencia colectiva en nombre de los oprimidos y bajo la pretensión de exterminar a la malvada derecha fascista, acompañada del desprecio hacia los pilares civilizatorios, sus instituciones, sus logros, sus símbolos y sus normas de convivencia, constituye una manifestación de lo que, en términos históricos y políticos, puede denominarse barbarie.
En las últimas semanas, esa barbarie hizo sentir su presencia en Europa. Las imágenes de disturbios, saqueos de establecimientos comerciales, barricadas en llamas y enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden en ciudades como Barcelona, París o Milán dejaron de percibirse como episodios excepcionales. No se trató de hechos aislados ni de simples arrebatos protagonizados por los hijos mimados de las clases medias ante el reforzamiento de los mecanismos de selección universitaria. Constituyen, más bien, la manifestación visible de un fenómeno latente que atraviesa el continente europeo y se globaliza progresivamente.
La creciente normalización de la violencia callejera y la complacencia, explícita o implícita, frente a ella cuando se la erige en instrumento de acción política encuentran justificación, según sus defensores, en la supuesta necesidad de proteger los derechos del pueblo, combatir a la ultraderecha e impedir, por todos los medios, su acceso al poder.
Esa izquierda radicalizada, cuando no accede al poder mediante el sufragio, desacredita el sistema democrático y socava la legitimidad de sus instituciones, tanto desde la movilización social como desde su propia representación política, cuestionando a quienes gobiernan y las decisiones emanadas del orden democrático.
La tolerancia, la relativización o la justificación de la violencia callejera, expresada a través de actos de vandalismo, bloqueos de vías de comunicación y ocupaciones de espacios públicos, entrañan una profunda quiebra de los principios que sustentan el constitucionalismo liberal y el modelo de democracia representativa.
El Estado de derecho no admite excepciones frente a la violencia ni privilegios fundados en la identidad de quienes la ejercen. La ley debe aplicarse por igual a toda conducta que pretenda sustituir las instituciones por la fuerza. Ninguna democracia puede tolerar que la coacción reemplace a la deliberación en la resolución de los conflictos políticos.
Para el islamoizquierdismo, el derecho deja de ser una garantía universal de igualdad y pasa a convertirse en un instrumento de distribución de privilegios según identidades colectivas. Con fines políticos, convierte a determinados grupos en víctimas permanentes y sustituye la igualdad ante la ley por un régimen de prerrogativas y legitimidades diferenciadas.
Sobre esa base han construido una narrativa maniquea de víctimas y culpables, arrogándose la representación exclusiva del bien. Así, actos de sabotaje o vandalismo son presentados como formas legítimas de resistencia política, en abierta contradicción con el Estado de derecho, que exige la sujeción de todos al imperio de la ley.
Una de las falacias políticas más extendidas consiste en atribuir a la izquierda el monopolio moral de la defensa de los sectores vulnerables. Esa premisa le ha otorgado un crédito ético que a menudo atenúa el escrutinio de conductas como la corrupción, la violencia, los ataques al Estado de derecho o políticas que debilitan las capacidades económicas e institucionales.
Todo ello se sustenta en una premisa simple: la identificación apriorística de la izquierda con el bien moral. Lo más llamativo es que esta narrativa ha sido asumida incluso por sectores de la socialdemocracia, que la reproducen con escaso sentido crítico.
Lo más nocivo de este discurso es el resentimiento que fomenta. Al dividir la sociedad entre víctimas y culpables, identifica enemigos permanentes y alimenta una lógica de agravio, revancha y confrontación que exacerba los impulsos más destructivos de la condición humana y abre camino a tentaciones totalitarias.
Resulta paradójico que este descontento sea más intenso en sociedades con Estados de bienestar altamente desarrollados. Si amplios niveles de protección social, redistribución y reconocimiento identitario no han logrado mitigarlo, cabe concluir que sus causas son principalmente culturales. En este contexto, algunos sectores han promovido un progresivo distanciamiento del legado judeocristiano, grecolatino e ilustrado que sustenta la civilización occidental.
Como advirtió Locke, la legitimidad del poder político se funda en la protección de la vida, la libertad y la propiedad.
Si el espectro anunciado por Marx y Engels pretende imponerse mediante la intimidación y la violencia, el Estado de derecho debe responder preservando el orden público, la seguridad, la prosperidad y la propiedad frente a la ley de la fuerza.
*El autor es catedrático de Derecho Romano e Historia General del Derecho en la Universidad de Lima y de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho y Derecho del Trabajo en la Maestría de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.