Durante años, miles de ciudadanos han tenido que soportar una burocracia municipal que, lejos de facilitarles la vida, termina convirtiendo cualquier trámite en una carrera de obstáculos. Copias legalizadas, documentos que ya obran en poder de las propias instituciones, sellos innecesarios y exigencias que no tienen sustento legal forman parte de una práctica que parece haberse enquistado en muchas entidades públicas. Por eso, el recordatorio de Indecopi sobre la obligación de aceptar copias simples cuando la ley así lo permite no debe quedarse en una declaración más. Es hora de que se haga realidad.
La Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es clara. Las entidades públicas deben aceptar copias simples acompañadas de una declaración jurada de autenticidad, sin obligar al ciudadano a gastar dinero en legalizaciones notariales cuando estas no son necesarias. Sin embargo, en la práctica, numerosas municipalidades siguen imponiendo requisitos que encarecen y retrasan los procedimientos administrativos, como si los ciudadanos estuvieran obligados a financiar la ineficiencia de sus oficinas.
Lo más preocupante es que estas exigencias no son simples equivocaciones administrativas. Constituyen barreras burocráticas que afectan directamente la economía de las familias, de los pequeños empresarios y de quienes necesitan obtener una licencia de funcionamiento, una autorización de construcción o realizar cualquier gestión ante el municipio. ¿Cuánto tiempo y dinero pierde un ciudadano por conseguir un documento que la propia administración está obligada a aceptar en copia simple?
Las cifras de Indecopi son reveladoras. Entre 2021 y septiembre de 2026 se eliminaron o inaplicaron 1,527 barreras burocráticas vinculadas a la exigencia de documentos legalizados. De ellas, 1,447 fueron retiradas voluntariamente por las propias entidades públicas. Esto demuestra que el problema existe, que está extendido y que muchas instituciones han tenido que corregir exigencias que nunca debieron imponer.
Pero tampoco podemos conformarnos con que las municipalidades eliminen estos requisitos cuando son observadas o denunciadas. La obligación de cumplir la ley debe ser permanente, no una reacción ante la amenaza de una sanción o una intervención de Indecopi.
Los alcaldes y funcionarios municipales tienen que entender que administrar una institución pública significa servir al ciudadano, no someterlo a una cadena interminable de trámites. Tampoco pueden exigir documentos que ya tienen en sus archivos o que pueden obtener de otras entidades del Estado. Mucho menos imponer sellos, comprobantes y formalidades que la legislación ha dejado de considerar necesarios.
En Chimbote y Nuevo Chimbote, así como en los demás distritos de la provincia del Santa y de Áncash, corresponde revisar los procedimientos administrativos y eliminar cualquier requisito que contradiga la Ley 27444. Las oficinas de atención al público deben informar claramente qué documentos son necesarios y capacitar a sus trabajadores para evitar que cada ventanilla interprete la ley a su conveniencia.
Indecopi debe mantener una labor fiscalizadora activa y los ciudadanos deben denunciar los cobros y exigencias injustificadas. La simplificación administrativa no puede seguir siendo una promesa de campaña ni un discurso para las ceremonias oficiales.
La ley ya existe. Lo que falta es voluntad para cumplirla. Es hora de terminar con la burocracia muchas veces abusiva y entender que el ciudadano no está para servir a las municipalidades: son las municipalidades las que están para servir al ciudadano.