El caso del proyecto INNOMAR que involucra a pobladores que confiaron en el Fondo Mi Vivienda y que lamentablemente han sido estafados tiene ya una carpeta fiscal la N°3106064502-2026-2605-0 según ha informado la propia Fiscalía de la Nación al Diputado Jefferson Varas Seguin.
De esta manera será el Ministerio Público el que inicie las investigaciones para determinar responsabilidades teniendo en cuenta el informe de auditoría que elaboró la Contraloría General de la República N°001-2026-2-4733-AC donde se da a conocer el caso pero que lamentablemente no señaló responsabilidades y que nuestro Diario publicó en la primera semana de agosto del presente dando a conocer los hechos.
El Diputado Varas Seguin se dirigió mediante un documento al Ministerio Publico dando a conocer el informe de Auditoria del Órgano de Control y donde le señala al Fiscal de la Nación que haga la evaluación que corresponda en el ámbito de sus competencias y defina su pronunciamiento sobre la existencia de delitos o responsabilidades.
Corresponde al Ministerio Publico determinar con plena autonomía el trámite que resulte aplicable señala Varas Seguin y por esa razón recurre mediante esta vía porque lo faculta el Art. 10 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Nuestro Diario dio a conocer los hechos ocurridos con este proyecto inmobiliario que fue financiado a través del programa Fondo Mi Vivienda y donde el promotor inmobiliario realizó una serie de acciones que han perjudicado la buena fe de los pobladores que confiaron en las garantías que establecía dicho ente estatal, que pertenece al Ministerio de Vivienda.
En su edición del 8 de agosto del presente nuestro Diario señala que este informe de auditoría sobre el proceso iniciado en el año 2018 hubo mano blanda por parte del Fondo mi Vivienda e incluso hay participación del Banco de Crédito del Perú donde hubo grotescos errores que se generaron por el avispado promotor inmobiliario.
El informe de Contraloría señala que el contrato del predio matriz no tiene cargas, gravámenes, pero las partes reconocen que hay una hipoteca a favor del Banco de Crédito. Hoy en día la situación es complicadísima porque se ha transferido el proyecto a una identidad fiduciaria y prácticamente los pobladores están desprotegidos.
Será el Ministerio Público el que inicie las investigaciones para determinar responsabilidades pues esta de por medio los 85 grupos familiares que forman parte del proyecto y la responsabilidad del Fondo Mi Vivienda.