Opinión

De la indefensión a la legítima defensa

Por: Fernando Zambrano Ortiz

Analista Político

Imagine la siguiente escena. Usted se encuentra detenido ante la luz roja de un semáforo cuando un delincuente se acerca a su vehículo apuntándole con un arma. No sabe si pretende robarle, secuestrarlo o atentar contra su vida. Todo ocurre en cuestión de segundos. Ante el peligro, acelera para escapar y termina atropellando al agresor, causándole lesiones graves o incluso la muerte.

La amenaza desaparece, pero surge una nueva preocupación: ¿será considerado una víctima que actuó para proteger su vida o un sospechoso obligado a demostrar durante años que tenía derecho a defenderse?

Esa ha sido, durante mucho tiempo, una de las principales inquietudes de muchos ciudadanos. No solo existía miedo a la delincuencia, sino también la sensación de que quien reaccionaba frente a una agresión podía acabar sometido a largas investigaciones y procesos judiciales por haber tomado una decisión en circunstancias extremas.

En ese contexto adquiere importancia el Decreto Legislativo 1743, que fortalece la protección legal de quienes actúan en legítima defensa. La reforma no elimina los requisitos tradicionales de esta figura jurídica ni autoriza el uso irrestricto de la fuerza. Sigue siendo necesario que exista una agresión actual, ilegítima y real, así como una respuesta racional dirigida a impedirla o repelerla.

La novedad está en otro aspecto. La norma presume que quien ejerce la legítima defensa actuó racionalmente frente a la agresión y corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario. Además, elimina la idea de comparar mecánicamente los medios utilizados por el agresor y el agredido, estableciendo que la racionalidad debe evaluarse desde la perspectiva de quien enfrentó el peligro y según las circunstancias existentes en ese momento.

Se trata de un cambio de enorme relevancia. Una agresión no ocurre en la tranquilidad de una oficina ni con el tiempo suficiente para realizar complejos razonamientos jurídicos. Quien está siendo atacado actúa bajo miedo, tensión e incertidumbre. No sabe qué ocurrirá en los siguientes segundos ni cuáles son las verdaderas intenciones de su agresor.

Por ello, la reforma busca corregir una práctica que con frecuencia terminaba analizando la conducta de la víctima con una exigencia de racionalidad casi imposible de alcanzar en situaciones de emergencia. La ley reconoce ahora que el contexto real de la agresión debe ocupar un lugar central en la valoración de los hechos.

Igualmente, importante es la modificación procesal que permite al fiscal archivar el caso cuando verifique la concurrencia de los requisitos de la legítima defensa, evitando investigaciones innecesarias que pueden afectar gravemente la vida personal, familiar y laboral de quien actuó para protegerse.

Sin embargo, el verdadero éxito de esta reforma dependerá menos del texto legal y más de quienes tienen la responsabilidad de aplicarlo. Jueces y fiscales deberán comprender que la legítima defensa no puede seguir analizándose desde parámetros alejados de la realidad que enfrenta una víctima durante una agresión.

El Decreto Legislativo 1743 no crea una nueva legítima defensa. Lo que hace es devolverla a su esencia: proteger a quien se ve obligado a reaccionar frente a una amenaza real e injusta. En una sociedad golpeada por la inseguridad, este cambio representa un paso importante para recuperar la confianza de los ciudadanos en que la ley también está de su lado cuando actúan para proteger su vida, la de sus seres queridos o la de terceros.

Porque ninguna persona debería sentirse indefensa dos veces: primero frente al delincuente y después frente al sistema de justicia.