Editorial

La reelección encubierta no puede tener cabida en la democracia

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de establecer que un alcalde no puede utilizar una candidatura a primer regidor para retornar a la Alcaldía mediante una sucesión ha generado opiniones encontradas. Hay quienes cuestionan la interpretación del organismo electoral y otros consideran que se trata de una decisión necesaria para preservar el mandato constitucional que prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes. La polémica está planteada y, seguramente, continuará dividiendo posiciones.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, ha defendido públicamente esta interpretación y ha sido categórico al señalar que su institución no avalará ninguna modalidad de reelección encubierta. Su argumento es que permitir que una autoridad municipal postule como primer regidor, para luego recuperar el sillón municipal mediante una sucesión, significaría burlar la prohibición establecida en el artículo 194 de la Constitución.

Y aquí aparece una cuestión de fondo que merece una reflexión. Las normas electorales no pueden convertirse en instrumentos para encontrar mecanismos que permitan perpetuarse en el poder. Si la Constitución establece límites a la reelección inmediata, estos deben respetarse en su espíritu y finalidad, no solamente en su interpretación más conveniente para quienes aspiran a continuar gobernando.

Sin embargo, tampoco podemos ignorar los cuestionamientos que se han formulado contra el JNE. Una de las críticas más recurrentes es precisamente la oportunidad de este pronunciamiento. ¿Por qué no se estableció este criterio antes de que se presentaran las candidaturas y se desarrollaran las etapas del proceso electoral? ¿Por qué esperar hasta después de que las autoridades y organizaciones políticas hayan tomado decisiones sobre sus postulaciones?

No es un cuestionamiento menor. En materia electoral, las reglas deben ser claras, oportunas y conocidas por todos los participantes desde el inicio. La predictibilidad es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y evitar que las decisiones de los organismos electorales sean interpretadas como cambios de criterio durante la competencia.

El presidente del JNE sostiene que evitó pronunciarse sobre casos individuales para no adelantar opinión, pues la decisión correspondía al pleno de la institución. Es una explicación que debe tomarse en cuenta, pero no elimina la responsabilidad de garantizar que los criterios electorales sean comunicados con suficiente anticipación.

La controversia, por tanto, no terminará con estas declaraciones. Habrá argumentos jurídicos a favor y en contra, y seguramente las organizaciones políticas afectadas defenderán sus posiciones. Lo que corresponde es que el pleno del JNE resuelva con independencia, fundamentación jurídica y absoluta transparencia.

Pero hay algo que debe quedar claro: ninguna autoridad puede pretender que una candidatura distinta sea utilizada como una puerta trasera para mantenerse en el cargo cuando la Constitución establece restricciones expresas.

El JNE ya fijó su posición. Ahora le corresponde sostenerla con decisiones debidamente motivadas y aplicadas bajo los mismos criterios para todos. La democracia necesita reglas claras, pero también autoridades electorales que sepan actuar a tiempo. Porque no basta con impedir una reelección encubierta; también es indispensable evitar que la incertidumbre electoral termine debilitando la confianza ciudadana.