Editorial

El peligro de El Niño también se construye con obras paralizadas

La presencia del contralor general de la República, César Aguilar, ante una comisión del Congreso ha dejado al descubierto una realidad alarmante que debería sacudir a todas las autoridades del país: existen 1,508 obras públicas paralizadas en puntos críticos frente a los efectos del Fenómeno El Niño. Se trata de proyectos que deberían contribuir a proteger a la población, reducir la vulnerabilidad de las ciudades y prevenir desastres, pero que permanecen abandonados mientras el riesgo climático sigue latente.

La cifra es contundente. Según informó el titular de la Contraloría, estas obras representan el 67.4 % de las 2,237 obras paralizadas identificadas a nivel nacional y necesitan S/ 14,475 millones para culminarse. Es decir, no estamos hablando solamente de infraestructura inconclusa, sino de inversiones públicas que no cumplen la finalidad para la cual fueron concebidas y que, en muchos casos, tienen una relación directa con la seguridad y la vida de millones de peruanos.

Lo más preocupante es que Áncash figura entre las regiones con mayor cantidad de estas obras paralizadas, con 118 proyectos ubicados en puntos críticos ante el Fenómeno El Niño. Este dato debería merecer una atención inmediata de nuestras autoridades regionales, municipales y del Gobierno Nacional. Nuestra región conoce perfectamente las consecuencias de los eventos climáticos extremos. Lo ocurrido durante el Fenómeno El Niño de 2017 dejó destrucción, pérdidas económicas, poblaciones damnificadas y una larga lista de necesidades que todavía no han sido atendidas adecuadamente.

Por eso resulta inadmisible que, pese a las advertencias y a las experiencias dolorosas del pasado, existan obras que deberían servir para prevenir inundaciones, proteger las riberas de los ríos, encauzar quebradas y garantizar infraestructura segura que continúen paralizadas. Cada proyecto abandonado representa una oportunidad perdida para reducir riesgos. Y cuando llegue una emergencia, las explicaciones burocráticas, los expedientes técnicos y las responsabilidades compartidas no servirán para detener el agua ni evitar que las poblaciones vuelvan a sufrir las consecuencias.

El contralor también informó que el 75.9 % de estas obras corresponde a los sectores de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura y Educación. Son precisamente sectores fundamentales para garantizar condiciones de seguridad y servicios básicos a la población.

Es cierto que la Contraloría ha impulsado la reactivación de 109 obras mediante 282 informes de control preventivo, con una inversión de S/ 4,300 millones. Sin embargo, estos resultados todavía son insuficientes frente a la magnitud del problema. La fiscalización y las advertencias son necesarias, pero deben traducirse en decisiones concretas y responsabilidades para quienes permiten que las inversiones públicas permanezcan abandonadas.

En Chimbote, Nuevo Chimbote y las demás provincias de Áncash sabemos que no podemos esperar a que ocurra otra tragedia para recién reaccionar. Las autoridades conocen los puntos vulnerables, existen antecedentes, estudios y advertencias de los organismos de control. Lo que falta, muchas veces, es voluntad política, capacidad de gestión y decisión para resolver los obstáculos que impiden culminar las obras.

El Fenómeno El Niño no espera los tiempos de la administración pública ni las disputas entre autoridades. Tampoco distingue entre una obra paralizada por problemas contractuales o por deficiencias de gestión. Cuando llegan las lluvias, las consecuencias las soporta la población.

Por eso, los 118 proyectos paralizados en Áncash deben convertirse en una prioridad. No podemos seguir hablando de prevención mientras las obras que deben protegernos permanecen abandonadas. La prevención no se anuncia en discursos ni se demuestra con fotografías de reuniones oficiales: se demuestra con obras culminadas y ciudades realmente protegidas.