Opinión

Fortalecer a los fiscales para ganar la lucha contra el crimen

Por: Fernando Zambrano Ortiz

Analista Político

El Perú enfrenta una tarea impostergable: recuperar la seguridad ciudadana y combatir con eficacia a la delincuencia organizada y la corrupción. Las estrategias impulsadas por el Gobierno, particularmente las acciones del comando unificado, requieren un componente indispensable para alcanzar resultados: un Ministerio Público fortalecido y con los recursos necesarios para investigar y actuar.

Sin investigaciones eficaces, las intervenciones policiales difícilmente podrán convertirse en acusaciones sólidas y sanciones judiciales. Por ello, fortalecer la capacidad operativa de los fiscales no es una cuestión remunerativa, sino una necesidad para el éxito de la política de seguridad del Estado.

Según información oficial del Ministerio Público, más del 50% de los fiscales del país ejerce sus funciones en condición de provisionalidad. Investigan homicidios, extorsiones, corrupción, narcotráfico y criminalidad organizada, asumiendo responsabilidades equivalentes a las de los fiscales titulares.

Sin embargo, existe una considerable desigualdad en los recursos que reciben por concepto de gastos operativos. En la categoría de fiscales provinciales, un provisional percibe aproximadamente un 40 % menos que un titular, pese a desempeñar funciones equivalentes y asumir frecuentemente una importante carga de trabajo de campo.

Mientras los fiscales titulares suelen concentrar buena parte de sus actividades en la conducción y supervisión de los despachos, los provisionales constituyen, en la práctica, uno de los principales motores de la actividad operativa del Ministerio Público. Además de sus responsabilidades habituales, participan directamente en operativos policiales, intervenciones del comando unificado, levantamientos de cadáveres, inspecciones y otras diligencias urgentes, muchas veces durante la noche, de madrugada o en condiciones de riesgo.

Esta situación adquiere especial importancia si consideramos la presencia de numerosas mujeres entre los fiscales provisionales. Muchas deben desplazarse a escenarios de delitos violentos o zonas peligrosas, en ocasiones sin movilidad institucional suficiente, exponiéndose a riesgos adicionales cuando deben trasladarse solas o recurrir a medios de transporte inseguros.

Los gastos operativos tienen precisamente la finalidad de facilitar el cumplimiento de estas funciones, incluyendo desplazamientos y otras necesidades logísticas. Sin embargo, cuando los recursos institucionales resultan insuficientes, algunos fiscales terminan pagando de su propio bolsillo movilidad, alimentación durante diligencias prolongadas e incluso materiales básicos de trabajo.

¿Cómo podemos exigir mayor eficacia contra el crimen si quienes deben investigar los delitos tienen que financiar parte de las diligencias que el propio Estado les encomienda?

El problema también amenaza la continuidad del servicio. Muchos fiscales provisionales acumulan años de experiencia y sostienen una parte fundamental de la actividad fiscal. Mantener condiciones operativas desiguales, sumadas a la incertidumbre de su situación profesional, puede incentivar su renuncia y ocasionar la pérdida de capacidades institucionales difíciles de reemplazar.

Existe una propuesta concreta, técnicamente sustentada por el propio Ministerio Público, para que los fiscales provisionales reciban por gastos operativos un monto equivalente al que corresponde a los titulares de sus respectivas categorías. No se trata de incrementar remuneraciones ni de crear privilegios. Estos recursos tienen naturaleza no remunerativa ni pensionable y están destinados a facilitar el ejercicio de la función fiscal.

La propuesta cuenta con una evaluación presupuestal y alternativas de financiamiento. El fiscal de la Nación ha sustentado ante las instancias congresales las necesidades de su institución, pero resulta indispensable que esta demanda específica sea atendida durante la aprobación del Presupuesto Público para 2027.

La decisión está ahora en manos del Congreso, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Atender esta necesidad no significa desconocer las restricciones presupuestales. Significa reconocer que la seguridad ciudadana requiere algo más que nuevas normas y operativos: necesita instituciones capaces de ejecutar eficazmente las decisiones adoptadas.

El Gobierno ha colocado la lucha contra la criminalidad entre sus prioridades. Corresponde que el presupuesto acompañe ese esfuerzo, fortaleciendo a quienes investigan los delitos y contribuyen a llevar a sus responsables ante la justicia.

La lucha contra el crimen exige el compromiso de todas las instituciones del Estado. El Congreso tiene hoy la oportunidad de fortalecer uno de sus componentes esenciales: la capacidad operativa de quienes, desde el Ministerio Público, deben convertir las intervenciones policiales en investigaciones eficaces y resultados concretos para la ciudadanía.